“Una década de Políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos” se tituló un encuentro virtual de jueces y juezas donde intentaron analizar distintos puntos del sistema judicial que incluyen la mentada independencia judicial, la lucha contra el narcotráfico, la comunicación y la transparencia, el trabajo en materia de género y otras cuestiones.
Durante más de dos horas los magistrados y magistradas disertaron, entre ellos, el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzzetti quien señaló que el Poder Judicial debe ser reformado para servir al pueblo. “Mientras los gobiernos hablan de las disputas de poder, los pueblos de sus problemas; el poder es un servicio para asegurar la paz social, no para alterarla”, dijo y agregó que “no hay desarrollo económico ni seguridad para la población sin un Poder Judicial profesional e independiente”.
Otras voces se escucharon durante la jornada. María Claudia Caputi, presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, y jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, bregó por “la despatriarcalización del sistema judicial en su conjunto, bajo un enfoque interseccional que reconozca todos los diferentes ejes que atañen al respeto pleno de los derechos humanos y en particular de las mujeres, disidencias, y otros grupos histórica y estructuralmente discriminados”.
Por su parte, el juez federal Ariel Lijo explicó que los magistrados “hablamos como si fuésemos una sola cosa y tienen realidades totalmente distintas en los distintos lugares del país” y recordó que los jueces de las provincias, “que están aislados, lidian con situaciones que son impensadas para nosotros y para la gente que los desconoce”. “El derecho y la realidad constitucional son construcciones colectivas, son procesos que se desarrollan en el tiempo”, dijo.
“El desafío que tenemos es salir del caso a caso y generar una política que nos permita enfrentar la situación del crimen organizado de manera global, sobre todo a nivel regional”, explicó el juez y destacó que estos encuentros generan “una mayor conciencia pública sobre estas cuestiones” y “sobre la generación de una cultura en el propio Poder Judicial”.
También se escuchó la palabra del actual presidente de la Asociación de Magistrados, el juez civil Marcelo Gallo Tagle quien recalcó que desde la asociación “reiteradamente hemos señalado que la consolidación de la independencia del Poder Judicial no es un privilegio de los jueces, sino que representa un derecho de los ciudadanos” aunque aclaró: “Debemos comunicar adecuadamente a la ciudadanía que esa independencia no es una defensa corporativa, sino una garantía a favor de ella”.
“Entendemos nosotros los jueces provinciales que es un principio que determina la existencia misma del Poder Judicial. Sin independencia no puede ni siquiera pensarse la existencia de los poderes judiciales. La defensa de la independencia judicial ha sido siempre un principio fundamental de la Junta Federal de Cortes desde su fundación”, explicó el titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS).
Vacantes
Alberto Lugones es el actual presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. El juez, hablando de las vacantes en el Poder Judicial, detalló que “hay alrededor de 15, creo que más, concursos para ser aprobados para la cobertura de más de 60 vacantes y, ¿qué está ocurriendo? Pareciera ser que las instrucciones políticas eternas al Poder Judicial, al propio Consejo y a los propios consejeros que los integramos, están tratando de frenar esa aprobación eterna, muchas de ellas sin disidencia alguna en la aprobación de la comisión. Con lo cual, no entiendo por qué no se pueden aprobar”, aseguró.
“En los procesos de pliegos y acusación, es nuestro compromiso como magistrados que representamos a los jueces de todo el país, evitar que se persiga políticamente a los jueces por el contenido de sus sentencias. Eso lo decía claramente la primera o segunda de aquella conferencia de los jueces. Y hoy seguimos discutiendo”, dijo Lugones.
Pandemia y juzgados
Una situación que no escapó al encuentro, realizado precisamente de manera virtual, fue el contexto de trabajo en pandemia. La jueza Karina Perilli, integrante de la Junta de Tribunales Orales Federales puntualizó que “la situación pandémica nos puso a prueba, nos ha mostrado nuestra capacidad de respuesta a la sociedad en una circunstancia tan excepcional. Nos ha permitido ampliar nuestros recursos, innovar y particularmente darnos cuenta de nuestro potencial de adaptación a los cambios, nuevas problemáticas y requerimientos de la sociedad a la que formamos parte”.
“Las medidas de aislamiento y restricción nos hicieron reflexionar y repensar las formas tradicionales de administrar Justicia, aceleró la implementación del expediente digital y el proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio centrado en el uso de herramientas tecnológicas para optimizar los trámites de las causas. Desarrollamos audiencias y juicios orales a través de sistema de video transferencias manteniendo abiertos y creando nuevos canales de comunicación con las partes”, dijo.
También participaron del encuentro, coordinado por María Bourdin -quien trabaja en el máximo tribunal-, Javier Leal de Ibarra, miembro de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, y juez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; Mariano Llorens, miembro de la Asociación de Magistrados y juez federal.
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