Se trata del caso de una niña que fue violada y cuyo hijo fue dado en adopción sin el debido cuidado del Estado para que la niña gestante y su madre tengan la información suficiente para decidir sobre la adopción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió el caso a la Corte IDH entendiendo que el Estado Argentino “actuó en perjuicio de la dignidad” y “no garantizó el derecho a la familia y a la identidad” del niño.
La niña “María”, violada a los 13 años, tuvo un bebé y allí comenzó el proceso de guarda y adopción del niño, al que se llama “Mariano”. Ambos nombres ficticios que eligió la comisión para mantener la reserva de los nombres reales. La CIDH consideró que durante este proceso “Argentina no cumplió con su obligación de adoptar todas las medidas posibles” para que el bebé “permanezca con su familia biológica, como era su derecho, excluyendo injustificadamente a la familia extendida de "María", la cual había expresado la intención de adoptarlo semanas antes del parto”, explicaron.
Más allá de esto, la Justicia entregó al niño a un matrimonio en carácter de guardadores preadoptivos, “sin base legal ni fundamentación alguna”, consignan desde el organismo internacional y expusieron que tanto la madre como la abuela del niño “no recibieron asesoramiento para consentir sobre la adopción de manera previa, libre e informada”, en especial teniendo en cuenta la situación de la niña gestante víctima de violencia sexual.
La CIDH concluyó que el Estado “no garantizó el derecho a la familia y a la identidad de "Mariano", sin prevalecer el interés superior de la madre e hijo, lo cual causó un daño irreparable a sus derechos y su vínculo afectivo”. Lo que, al no garantizar el derecho a la familia y a la identidad del bebé, “causó un daño irreparable a sus derechos y su vínculo afectivo”.
Es que incluso en el primer momento tanto madre como abuelo no tuvieron ni siquiera “una representación legal de oficio adecuada para presentar un recurso de manera oportuna”. Lo que recién pudieron hacer tiempo después cuando “tuvieron los medios para hacerlo” pero allí el Poder Judicial demoró un año en responder las demanadas.
Y cuando finalmente respondió a la solicitud para reestablecer el vínculo entre madre e hijo y, pese a que se ordenó un régimen de visitas, “el acceso al niño no estuvo exento de dificultades debido, en parte, a la falta de respuestas oportunas de las autoridades judiciales”. Al día de hoy el bebe, "Mariano", continua en custodia de la familia adoptiva.
El caso fue enviado por la Comisión a la Corte IDH el pasado 25 de abril aunque en las últimas horas fue comunicado oficialmente por el organismo internacional. Ahora, será el tribunal internacional el encargado de analizar los hechos y resolver la responsabilidad internacional del país en el caso.
Para la CIDH la responsabilidad del Estado argentino pasa por “la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, vida familiar, protección a la familia, igualdad y protección judicial”; y la violación del derecho de la joven gestante " a vivir una vida libre de violencia”.
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