El debate de la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación volvió a ser eje, este martes 31, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados. De la misma participaron como expositores Alejandro Segarra, Sebastián Pilo, Ricardo Gil Lavedra, Lorena González Tocci y Sebastián Guidi.
En reuniones informativas previas, el foco estuvo puesto en la conformación del organismo que ahora también es presidido por Horacio Rosatti; esta vez, el foco estuvo puesto en el funcionamiento de dicho organismo.
“Institucionalmente, no podemos funcionar con un Consejo de la Magistratura que proviene del restablecimiento de la vigencia de una ley anterior por un fallo de la Corte. Esto lo tiene que decidir la política, lo tiene que decidir el Congreso de la Nación”, dijo con contundencia el exministro de Justicia y presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, Gil Lavedra. Y agregó: “No hay que decidirlo de cualquier manera, debemos aspirar en esta oportunidad a hacer una ley duradera. No podemos estar cada dos o tres años discutiendo esto nuevamente. Se requiere de un acuerdo generoso, sólido y verdadero entre las fuerzas políticas”.
Gil Lavedra puso la lupa en la estabilidad funcional del Consejo, ya que esta es la cuarta ley que se debate en torno a “una institución que es compleja”: “Hago votos para que las discusiones parlamentarias permitan arribar a un consenso” y “todos los argentinos puedan tener una institución que funcione adecuadamente para el régimen democrático”.
“La llave para poder encontrar alguna salida para este exceso de partidización es diferente a discutir tanto el equilibrio, que por supuesto es importante sino más bien centrarse en aumentar el empoderamiento técnico del Consejo”, opinó.
Sobre si la Corte Suprema debe ser parte del Consejo, o incluso presidirlo, el exministro de Justicia reconoció que “hay buenas razones de ambos lados”, pero deslizó que cuando la Corte estuvo presente “le ha dado una mayor contención, y ha funcionado mejor el Consejo”. “Pero es el punto espinoso que queda librado al debate político”, expresó.
Invocando la perspectiva de género en el debate, el abogado también llamó a que en la ley se establezca que “al menos uno de los integrantes de las ternas sea mujer”; que se hagan cambios respecto a las entrevistas personales, donde advirtió “se cambian los órdenes de mérito”; y que “los antecedentes judiciales no sean sopesados con mayor intensidad que los de los abogados y abogadas”.
A su turno, la miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, González Tocci, habló sobre la “búsqueda del mejor modelo constitucional posible” para el Consejo de la Magistratura. Sobre el proyecto con media sanción, señaló que existe “un problema de sobrerepresentación del Senado” ya que los senadores “tienen una segunda intervención” en el proceso en el proceso de selección de los magistrados, al participar de las audiencias públicas que se realizan en la Cámara alta y el tratamiento de los pliegos.
Durante la jornada del día de la fecha, Tocci se posicionó a favor del plazo de cuatro años con una reelección para los consejeros. También apuntó que en una nueva ley hay que “reducir el peso de la entrevista” para los candidatos y “hacer hincapié en la formación y capacidad”. Además, el tema de las vacantes no escapó de su radar e incluso lo tildó como uno de los problemas a resolver “más graves que tiene el Consejo”. Según afirmó, debería haber “concursos preliminares o anticipados”.
Finalmente, aunque reconoció un “avance claro en casi todos los aspectos” en el proyecto sobre la cuestión de género, resaltó que “lo mira en una única dirección” respecto de la integración, pero la paridad debe estar contemplada también para las ternas en la selección de magistrados.
A su turno, el abogado Sebastián Guidi también se refirió a la conformación del Consejo ya que es “la discusión más urgente no es si vamos a agregar un abogado más o dos jueces más, porque si esos jueces o abogados están igual de politizados que los diputados y senadores no resolvemos el problema”.
En su intervención, apuntó que deberían plantearse como “requisitos para ser representantes de los jueces o abogados, no haber ocupado cargos públicos o haber sido candidatos”.
En alusión a los académicos, el letrado los consideró “veedores, por lo cual se puede pensar en mecanismos no electorales para su designación” tales como “un sorteo, un concurso” ya que “no tienen por qué ser representantes”.
Y llamó a establecer que “la elección de los políticos en estas cámaras sea menos conflictiva” y no “hacer depender la elección de los bloques, de cómo se autoperciben, si como bloque, como mayoría y demás; eso es problemático”. En consecuencia, Guidi propuso que los representantes se elijan con “los dos tercios de la Asamblea Legislativa”. “Esto soluciona este problema, obliga al diálogo político y además permite enviar representantes full time, ya que estamos”, añadió.
En tanto, Segarra, de la Asociación por los Derechos Civiles, se abocó a brindar consejos y sugerencias sobre aspectos en el proceso de selección de magistradas/os que deberían cambiarse o incluirse en la ley, para dar a esa instancia una “mayor eficiencia y rapidez”.
En ese sentido, explicó que habría que “contener plazos perentorios en todo lo que son procesos anteriores a la etapa de oposición” y sanciones “si no se siguen esos plazos”. Por ejemplo, recomendó poner límites de tiempo para la toma de exámenes y para dar las calificaciones. También opinó que la entrevista personal a los candidatos debería ser “directamente ante el plenario” y no en comisión; y mencionó que la evaluación de las impugnaciones “lleva mucho tiempo”.
Además, planteó que habría que establecer “lineamientos generales un poco más específicos” para la selección de los magistrados respecto de su “formación, experiencia laboral, docencia” e incluso la perspectiva de género, y “cómo se puntúan este tipo de antecedentes”.
Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, apuntó que el proyecto que se sancione “tiene que ser constitucional” y tener un “equilibrio de estamentos”, el cual consideró que la iniciativa con media sanción sí “cumple ese estándar” que reclamó la Corte Suprema en su fallo de diciembre pasado.
Pero también advirtió por el “equilibrio en las fuerzas políticas” y, en esa línea, reivindicó que la ley de 1997 contempla en definitiva una “mayor pluralidad en la representación política”, mientras que el proyecto en tratamiento “quita las segundas minorías”. Por eso, solicitó “generar mecanismos que representen la diversidad de la conformación del Congreso de un modo genuino”, al considerar que debería tomarse el concepto de interbloques para elegir a los representantes por el Poder Legislativo.
“Necesitamos que el proyecto atienda a los problemas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no son solamente sus equilibrios o desequilibrios en los estamentos, y este proyecto no atiende esos problemas”, señaló.
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