El Estado Argentino reconoció su responsabilidad internacional en un caso ocurrido en 1993 donde una mujer que fue a la justicia a pedir el tratamiento de su hijo que sufría adicciones a las drogas y terminó siendo internada ella en un psiquiátrico, por casi cinco meses, por la jueza nacional que actuó en la causa. El acuerdo fue firmado la semana pasada en la sede del Archivo Nacional de la Memoria de la Ex ESMA.
María del Carmen Senem de Buzzi sólo quería que su hijo reciba un tratamiento por la adicción a las drogas. En octubre de 1993 se presentó en un juzgado de familia para reclamar ello pero se encontró con un Sistema Judicial cruento. La entonces titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 77, Marta del Rosario Mattera, ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica que duró apenas unos minutos y dispuso su internación forzosa.
La mujer fue engañada por las autoridades del juzgado y trasladada a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo detenida por casi cinco meses. Las condiciones en las que estuvo internada fueron inhumanas e incluyeron hasta periodos de aislamiento total para personas “peligrosas” y la decidía total del sistema judicial, tanto en el control de su situación, como en la escucha de la mujer, recién 39 días después de estar internada se notificó al defensor para que interviniera en el caso.
Cuando finalmente salió del centro psiquiátrico, tras 145 días de internación, presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado. En 2010, acompañada por el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). María del Carmen murió en febrero de 2019.
El acuerdo
El pasado 6 de junio en la sede del Archivo Nacional de la Memoria de la Ex ESMA se firmó el acuerdo de Solución Amistosa ante la CIDH por el caso. La ceremonia contó con la participación del Secretario de Derecho Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos de la Cancillería, Javier Salgado; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky; y Carlos Maciel Buzzi, hijo de María del Carmen.
El acuerdo establece medidas como la promoción para la creación de órganos de revisión en todas las provincias del país, la presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la Provincia de Buenos Aires y la adopción de las normas de habilitación y supervisión para el funcionamiento de los efectores de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires.
También incluye capacitaciones y formación en salud mental y derechos humanos para funcionarios y magistrados del ámbito judicial; la promoción de la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental; y otras medidas de difusión y publicidad del acuerdo y de los derechos de personas usuarias de atención psico-social.
“Acto de reparación necesario”
“Es un acto de reparación necesario, no sólo para la víctima sino también para hechos que sucedieron a lo largo de nuestra historia con las mismas características, y bajo la mirada de un poder judicial patriarcal que todavía seguimos exigiendo que se ponga a la altura de nuestra democracia”, dijo Pietragalla tras la firma del acuerdo.
“Es muy conmovedor haber llegado a la firma de este acuerdo, fueron muchos años de lucha en los que quienes tuvimos oportunidad de conocer a María del Carmen, fuimos testigos de su tenacidad y su trabajo permanente en la búsqueda de justicia”, destacó la coordinadora del equipo de Salud Mental del CELS, Macarena Sabín Paz.
“Pensar políticas de salud mental disociadas de una política de derechos humanos es un error conceptual y creemos que no puede haber una política de protección sin una perspectiva que garantice la promoción y defensa de los derechos humanos”, concluyó Pietragalla.
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