El viernes pasado comenzó en la provincia de Formosa el juicio a dos exjueces, llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal, por haberse negado a investigar el secuestro de al menos ocho trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de esa provincia durante la última dictadura cívico-militar en el país.
Quienes están en el banquillo de acusados son Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, exjueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Este proceso contó con la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dirigida por Horacio Pietragalla Corti, en calidad de querellante.
El delito por el cual están señalados es abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, cabe aclarar que tres permanecen desaparecidos.
El proceso se inscribe como el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia. Las víctimas eran de distintas áreas de la justicia provincial, integrantes, en su mayoría, de la Asociación Judicial de Formosa. Entre agosto y octubre de 1976, los grupos de tareas los secuestraron y retuvieron en centros clandestinos de detención.
Por los testimonios, se pudo conocer que estuvieron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.
En tanto, Adriano Acosta fue quien hizo la denuncia y está representado por los letrados William Dardo Caraballo y Luis Zapiola. Al respecto, Caraballo relató luego del inicio a los medios que “los acusados acudieron a la presencialidad, prestaron declaración indagatoria con mucha hipocresía y mentira, acostumbrados a lo que hicieron durante la dictadura”.
“No tienen ninguna gotita de arrepentimiento, de compasión ni piedad hacia los actos administrativos que dictaron en perjuicio de los empleados judiciales que fueron secuestrados en sus narices”, señaló el abogado y consideró que “esa es una de las conductas que se reprocha. le dieron un enmarque jurídico con el encubrimiento a delitos de lesa humanidad porque acá se habla de secuestro, tortura y desaparición de tres empleados judiciales”.
La investigación reveló que los miembros del máximo Tribunal de la provincia recibieron informes del jefe del Área Militar 234. En esos informes eran advertidos de los secuestros y se responsabilizaba, pero los jueces no indagaron sobre la legitimidad de las detenciones y el lugar de encarcelamiento. Por la causa también deberían estar en el banquillo los magistrados Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, por pertenecer al máximo tribunal durante esa época, pero fallecieron.
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