El 9 de junio pasado el gobierno de la Ciudad de Buenos aires emitió una resolución en la que prohibió la utilización del “lenguaje inclusivo” en las escuelas porteñas y esto derivó en una gran cantidad de presentaciones judiciales en el poder judicial de la ciudad. La justicia porteña convocó a una audiencia a la ministra de Educación porteña Soledad Acuña.
En total, en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributaria existen unos siete expedientes que se encuentran en análisis, cuatro de ellos acumulados y otros tres por conexidad. Todas ellas recayeron en el juzgado N° 1 a cargo de Romina Tesone y bajo el expediente principal “Federación Argentina de Lesbianas y otros c/ GCBA s/ amparo-impugnación-inconstitucionalidad”.
La jueza Tesone dispuso convocar a una audiencia para el miércoles 13 de julio próximo a las 11:30 hs para “contar con mayores elementos de juicio al de resolver” y la posibilidad de “arribar a eventuales alternativas de resolución del conflicto planteado”. Allí fue convocada la ministra de Educación de la Ciudad Soledad Acuña aunque podrá enviar un representante “con competencia para la toma de decisiones”.
También fueron convocados para el miércoles todas las partes, con sus representantes legales, el Asesor Tutelar, y la Fiscal a cargo de la Unidad de Litigios Completos del Ministerio Público Fiscal y Diana Maffía, actual directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La resolución 2022-2566-GCABA-MEDGC del gobierno porteño “restringe, cercena, menoscaba el uso del lenguaje inclusivo con alcance a todos los establecimientos educativos de la Ciudad, públicos y privados, y en los tres niveles de enseñanza”, argumentan en el amparo presentado por la FALGBT+.
Esta semana también el juzgado recibió algunas presentaciones como “amicus curiae” o amigos del tribunal. Entre ellas, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI ) realizó su presentación en la que consideró que la resolución del gobierno de la Ciudad prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo "discrimina a quienes no se autoperciben dentro del binomio masculino-femenino”.
Además, explican desde el organismo, “excluye a las identidades reconocidas por la Ley de Identidad de Género Nº 26.743 y el Decreto Nº 476/21, en el que se reconocen las identidades no binarias en el Documento Nacional de Identidad”.
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