La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció graves violaciones a los derechos humanos de niños y niñas de 5 a 13 años en el Hogar Servente, lo que causó el cierre del hogar por decisión del Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Pero, frente a la difícil situación, se sumaron maltratos en el traslado de los menores que causaron gran desconcierto.
Los niños Hogar María Luisa Servente, ubicado en la ciudad de La Plata, fueron trasladados tras su cierre y, según informaron, lo hicieron de forma “intempestiva y violenta: de noche, sin explicación ni preparación previa, sin sus pertenencias, en algunos casos descalzos y entre llantos”.
La CPM en un comunicado explicó que “impulsó previamente presentaciones administrativas, recomendaciones y luego un amparo ante el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata donde se solicitaba el inmediato cese de las graves vulneraciones de derechos”, y agregaron que se realizaron “denuncias penales contra operadores del lugar para que se que investiguen todas las responsabilidades institucionales por los hechos”.
En tanto, señalaron que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) “llevó a cabo de manera sorpresiva e intempestiva el desalojo del Hogar Servente”, y detallaron que los “niños fueron informados en el momento que iban a ser trasladados y forzados entre llantos a subirse a los vehículos sin sus pertenencias, salvo una bolsita con su pijama, sin saber ni siquiera a dónde iban a ir, algunos de ellos incluso descalzos”.
“Estos traslados no fueron informados ni a los Servicios Locales ni a los Juzgados de Familia que realizan el seguimiento de cada niño/a”, denunciaron y consideraron hubo que “un proceso sistemático de incumplimientos normativos y una serie de torturas y malos tratos que los niños y niñas bajo responsabilidad del Estado venían padeciendo en este establecimiento”.
El informe afirmó que en el establecimiento los niños sufrían de “golpes, aislamiento, amenazas, gritos, burlas, sanciones desmedidas, condiciones deplorables de habitabilidad, falta de acceso apropiado a la educación, tratamientos psicológicos o psiquiátricos adecuados y falta de acceso a la información y a la participación en los procesos judiciales y administrativos de los que son parte”.
La CPM informó que la causa tramita ante la UFI N° 3 de La Plata, que continuará con la investigación de los hechos que desencadenaron el cierre del hogar.
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