El dato es contundente: sólo el 25% de los cargos de camarista están ocupados por mujeres, una disparidad de género conocida popularmente como “techo de cristal”, que hace años genera el reclamo de varios sectores. Al respecto, al menos 21 organizaciones realizaron una propuesta al Poder Ejecutivo para que, a través de un decreto, se garantice la igualdad en la justicia.

Según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se pidió que a través de un decreto el proceso de designación de magistrados y magistradas cumpla con el objetivo de tener un cupo igualitario y que “contribuya en la reducción de la brecha de género”.

Según los datos del Mapa de Género de 2021 elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las mujeres ocupan solo el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal. Dicho porcentaje desciende en la medida que se asciende en jerarquía, hasta llegar a un 17% en los máximos cargos de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General”, expresaron desde la ACIJ .

Además, advirtieron que hay fueros, como las Cámaras Federales de La Plata, Mar del Plata y General Roca y las Cámaras Nacionales de Casación en lo Criminal y Correccional, en lo Criminal y Correccional Federal, y la Cámara Nacional Electoral, en los cuales no hay mujeres, el porcentaje es de cero.

En tanto, afirmaron que persiste un “techo de cristal”, y opinaron que se basa “en una segregación horizontal y vertical que impide que las mujeres puedan acceder a cargos más altos en condiciones de igualdad con los varones”.

En ese marco, fue se que presentó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia la propuesta y se sugirió que “se incluya la obligación de devolver las ternas remitidas por las instituciones judiciales cuando estén conformadas solamente por varones”.

Además, se incluyó “la obligación de designar mujeres en los órganos colegiados que actualmente están conformados solo por varones; y la de determinar un porcentaje mínimo de cargos judiciales que deberán ser ocupados por mujeres para que, en los casos en que éste no se cumpla, se comprometa a remitir al Senado únicamente el pliego de candidatas mujeres”.

El Poder Ejecutivo Nacional debe tomar medidas de acción afirmativa en la instancia del proceso en la que interviene para garantizar la designación de magistradas y revertir así el grave contexto actual de desigualdad, que viola compromisos internacionales y mandatos constitucionales”, concluyeron.