La fiscalía pidió la condena de prisión para la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, como "jefa de una asociación ilícita" en una maniobra que entiende la Justicia que fue ejecutada por 12 personas. El MPF pidió la inhabilitación para ejercer cargos públicos para todos los imputados en el juicio, el decomiso del dinero que perjudicó al Estado (5200 millones) así como de los bienes de la familia Báez, es decir de las sociedades de Lázaro Báez.
El fiscal Luciani pidió la máxima condena prevista para por el Código Penal para este tipo de delitos a 12 años de prisión para Cristina Kirchner y Lázaro Báez por ser autores penalmente responsables de la asociación ilícita agravada en perjuicio de la administración pública. El MPF pidió 10 años para De Vido, y para José López por los mismos delitos. Y detalló las penas para los ex funcionarios de menores rango y penas.
En el cierre de su alegato donde detalló las penas para los procesados, Luciani cuestionó la frase de Cristina Kirchner "me absolverá la historia" y le retrucó que en un Estado republicano es el "Poder Judicial es que absuelve y condena"."Nuestra sociedad está harta de la corrupción y esta causa debe marcar un antes y un después", detalló el fiscal en el epílogo de su acusación.
Luciani dijo que "se trata de la mayor maniobra de corrupción del país" porque "sustajeron fondos del erario público para provecho personal". "La corrupción fue la regla y el Estado de Derecho quedó rezagado", destacó Luciani.
El fiscal pidió la inhabilitación de por vida para Cristina para ejercer cargos públicos y también para todos los acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. En sus redes, la vicepresidenta había anticipado la condena hace unos días y hoy pidió volver a declarar para refutar los argumentos de la fiscalía.
Durante toda su exposición, los fiscales de juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, detallaron las maniobras que se llevaron a cabo desde la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner denunciada por el ex director de Vialidad de Mauricio Macri, Javier Igualcel, donde la justicia federal de Comodoro Py llevó a juicio por el supuesto desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz a empresas del grupo que encabezaba Lázaro Báez.
El fiscal de la causa llevó adelante la acusación ante el Tribunal Oral Federal 2 contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Julio De Vido y otros ex funcionarios de su gobierno entre 2003 y 2015 donde cuestionaron la adjudicación de masiva e irregular obra pública hacia Lázaro Báez en esos años. Y que luego de la asunción de Macri como presidente, el empresario directamente decidió “limpiar todo” cerrando la empresa, despidiendo empleados y no concluyendo las obras públicas pactadas.
“El perjuicio al Estado fue de 5321 millones de pesos aproximadamente 1 mil millones de dólares”, fue la frase destacada del alegato de hoy del fiscal Mola donde detalló la cifra perjudicial para el Estado argentino de parte de la “asociación ilícita” que según la fiscalía se organizó desde la cúpula del poder del Poder Ejecutivo a través de Lázaro Báez y sus empresas “fantasma” como Austral Construcciones.
“Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández” de Kirchner cerró el viernes su alegato Luciani. Y hoy pidió la condena por ser la jefa de la asociación ilícita, que en el caso de CFK no es problema porque cuenta con los fueros como vicepresidenta.
Sì es importante el pedido del MPF de la “inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos” porque como viene denunciando el kirchnerismo se “busca proscribir a Cristina como se hizo con Perón”.
Para De Vido pidió la condena porque se demostró que tenía "el dominio de las políticas pero una aparente menor visibilidad en las operaciones" sin activas los controles necesarios en un cargo que ostentó durante 12 años como ministro de Planificación Federal. Así, Luciani solicitó la condena y recordó las causas en las que De Vido ya fue condenado. Para López, el MPF consideró también sus antecedentes condenatorios, el cargo que ejerció como secretario de Obras Públicas durante 12 años y la "capacidad para reconocer la antijuricidad de su conducta", o sea, que era conciente de su accionar delictivo.
A Lázaro Báez lo consideró "partícipe" del delito porque no era funcionario público como el resto de los procesados, y pidió el decomiso de tods los bienes de la familia Báez, es decir de las sociedades de Lázaro Báez, que fueron compradas por sus hijos Melisa, Leandro y Martín. Enumeró varias "estancias", "campos" y propiedades.
Para el resto de los procesados el fiscal pidió: para Nelson Periotti (ex titular de Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión; - Mauricio Collareda (jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV): 6 años; Juan Carlos Villafañe (ex jefe de la AGVP): 6 años; Raúl Daruich (responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV): 5 años; Raúl Pavesi (ex titular de la AGVP): 5 años; Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas): 4 años de prisión; José Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de AGVP 13): 4 años; Héctor Garro (ex presidente de la AGVP): 3 años de prisión en suspenso y para Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal): absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.
En sus extensas horas como alegatos promediando las 6 horas diarias en 9 días, Luciani y Mola no dejaron de adjetivar las acusaciones así como no mostraron signos de la tan mentada independencia judicial mencionada por los magistrados. ¿Por qué? Porque Mola, por ejemplo, en las últimas audiencias no tuvo problema en citar a líderes de la oposición política de los acusados como Patricia Bullrich y Elisa Carrió, y los citó como ejemplos de denuncia de los delitos que está intentando probar.
Entonces me pregunto. ¿Un fiscal se basa en denuncias de una oposición política para justificar su alegato acusatorio?
En este sentido, ambos detallaron las maniobras que ellos consideran delictivas de los ex funcionarios acusados de fraude al Estado y asociación ilícita con la “cabeza” del presidente como supuesto direccionador de la estafa. Por ejemplo, el pasado viernes el fiscal Mola apunta al ex director de Vialidad Nelson Periotti como responsable. "La decisión fue un aporte doloso de los ex presidente NK y CFK para llevar a cabo la maniobra porque tuvo DOMINIO sobre los exfuncionarios a los que daba ÓRDENES". Así de duro fue el fiscal.
Y otro ejemplo de parte de Mola que dan por probado el delito por eso piden la condena de los procesados: “La expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas”.
Luciani fue el más mediático y rimbobante con sus frases: Luciani aseguró que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner” por lo que afirmo que no “hubo sólo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.
Sobre la responsabilidad del amigo de Néstor Kirchner explicó que “Austral Construcciones (Lázaro Baez) 2015 se convirtió en una empresa fantasma” y decretó su quiebra en 2018. El fiscal denuncia el vaciamiento de la empresa "favorecida por la obra pública entre 2003 y 2015".
“No se trató de prácticas aisladas como nos quiere hacer ver la UIF sino una dirección desde la jerarquía y una continuidad en el tiempo de la organización corrupta que convirtió a un parásito a determinados organismos del Estado” en Santa Cruz y luego extendida al Poder Ejecutivo Nacional durante 12 años. “Un beneficio patrimonial inexplicable para el señor Lázaro Báez”, detalló Luciani.
“Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y [para] sustraer fondos ilegales del Estado (…) Tal es así que, cuando concluyó el mandato de Cristina Fernández, por orden de la entonces Presidenta de la Nación, la empresa desapareció, se esfumó", recalcó el fiscal, y agregó “que esto fue así porque sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces Presidenta”.
Las comunicaciones del teléfono de José López
En el alegato, el fiscal Luciani analizó de las comunicaciones obtenidas del teléfono de José López -secuestrado el 14 de junio de 2016-, que permitieron “reconstruir, evidenciar cómo desde las más altas estructuras del Poder Ejecutivo se llevaron a cabo las acciones concretas que les permitió cumplir con el plan sistemático de corrupción trazado a lo largo de doce años”. Agregó que ello dejó al descubierto “la intervención directa de Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Abel Fatala, entre otros, en pos de beneficiar de manera ilegal a Lázaro Báez y su conglomerado de empresas”.
Mostró un mensaje entre Amilcar Fredes y José López, del que surge que el exsecretario de Obras Públicas, el expresidente del Banco Nación y funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad intentaban ayudar a Lázaro Báez para que obtenga los pagos, y agregó que el empresario tenía un canal privilegiado, porque “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”.
También se exhibieron otros mensajes entre López y empresarios de la construcción como Osvaldo y Fabián de Sousa -del grupo CPC, que compitió de manera ficticia con las empresas de Báez-, referidos al manejo de los pagos de los contratos viales.
"Limpiar todo"
Fue uno de los ejes de la acusación del MPF porque mostraron que tras la partida del poder de CFK, las empresas propiedad de Lázaro Báez y también varias a nombre de sus familiares dejaron de operar, de invertir y de continuar las obras en ejecución en la provincia santacruceña.
La fiscalía recordó que el 23 de noviembre de 2015 -al día siguiente de las elecciones presidenciales- Julio De Vido “modificó las partidas presupuestarias en favor de la Dirección Nacional de Vialidad y destinó $102.500.000 extra para el pago de obras por convenio”.
Luciani también destacó que “la planificación del cierre de las empresas venía desde la Presidencia de la Nación” y añadió que “las directrices no solo abarcaban los pasos de acción, sino que también se baja una línea discursiva respecto de qué debía informarse a los empleados de la empresa bajo el mando de Lázaro Báez”. Así, exhibió otra serie de mensajes entre López y Mendoza respecto a la construcción de la comunicación “hacia adentro, a la comunidad y a los empleados” y el establecimiento de “un relato para los tres actores”, para “no dar sensación de fuga”.
¿Qué se juzga?
En el debate se le imputa a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Por su parte, el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, están acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mientras que se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
Finalmente, al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; a los ex responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez, se les imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
De acuerdo a la acusación formulada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, estas personas intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.
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