Años de movilizaciones y presión feminista en las calles de España dieron resultado y se hicieron oír en el Congreso: fue aprobada la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, llamada también como la ley del “solo sí es sí”, con 201 votos a favor y 140 en contra (PP y Vox) y tres abstenciones.

Esto reivindica un necesario cambio de paradigma en la forma de juzgar las violencias sexuales: durante el año 2021 en España se registraron un total de 2.143 denuncias por el delito de agresión sexual con penetración. Son cerca de seis violaciones al día, o lo que es lo mismo: una cada cuatro horas. Así lo reflejan los datos que el Ministerio de Interior hace públicos en su Balance de Criminalidad. La cifra crece hasta un 34,3% con respecto a 2020, periodo marcado por la pandemia, y un 14,4% en relación con 2019. Los números evidencian no necesariamente que se den más casos de agresión sexual, si no que se denuncia más.

Según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, "las activas políticas de concienciación social han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Sin embargo, no hay datos oficiales que concreten las cifras sobre las agresiones sexuales en grupo que, igualmente, son moneda corriente en el país europeo.

La Manada

Uno de los casos que generó un punto de quiebre en el paradigma machista que avalaba las reiteradas violaciones en las calles y su validación dentro del Poder Judicial local fue el de “La Manada”. Una mujer de 18 años sufrió una violación en grupo en la primera noche de San Fermín (Pamplona). Sin embargo, para la justicia se trató de un abuso y no una violación ante la imposibilidad de constatar que la víctima se había defendido, con lo que la pena a los culpables se tornaba mucho menor. Además, la Justicia exigía que la falta de consentimiento se viera reflejado en otros campos además del verbal. Con esto, la palabra de la víctima quedaba vedada.

El Tribunal Supremo revocó después esa decisión en un fallo histórico en el que, por  unanimidad, dictaminó que fue un delito de violación continuado y en grupo.

Ahora el paradigma cambió: “sólo sí es sí”, todo el resto es falta de consentimiento.

Antes incluso de que se conociera el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra gran parte de la sociedad ya había puesto el grito en el cielo por el procedimiento judicial al que se había enfrentado la joven: en el juicio se aceptó un informe elaborado por un detective privado pagado por uno de los acusados que indagaba en la vida de la víctima tras la violación y se le hicieron preguntas de forma reiterada para que demostrara si efectivamente se había resistido.