Esta semana en una nueva audiencia por el juicio de delitos de lesa humanidad conocido como "Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús" declararon los empresarios y hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, que fueron secuestrados durante la última dictadura. Mediante el secuestro y las torturas los hermanos fueron despojados de sus bienes. "Esa fue la forma que lograron para que nosotros entregáramos todo nuestro patrimonio", dijeron ante los jueces.
Tres fueron los testigos que esta semana que declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 1 de La Plata que juzga delitos perpetrados en dichas brigadas y es el resultado de la unificación de tres causas. Tiene 15 imputados y sólo uno de ellos está en la cárcel actualmente. Por los tres centros de detención pasaron 442 víctimas y se espera que en el juicio pasen más de 450 testigos.
Uno de los casos que dio cuenta de cómo la última dictadura cívico-militar-eclesiástica también realizó delitos económicos, es el caso de los empresarios secuestrados durante la dictadura, Carlos y Alejandro Iaccarino. Estos, junto a su hermano ya fallecido Rodolfo, fueron secuestrados por la dictadura y desapoderados de todos sus bienes.
Estuvieron detenidos desde mayo de 1977 en la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Lanús que funcionaba en Avellaneda, conocida como "El Infiero" y en donde hoy funciona un espacio para la memoria. Alejandro Iacarino fue el primero en hablar y consideró que su caso es de "gran envergadura" tal como el caso de "Papel Prensa" y "Eduardo Saiegh".
"Pasamos por trece detenimientos en distintos lugares y nueve centros clandestinos donde fuimos severamente torturados, golpeados, y en el límite de vida", explicó y recalcó que "esa fue la forma que lograron para que nosotros entregáramos todo nuestro patrimonio". Bajo tortura, los empresarios fueron obligados a entregar sus bienes dedicados a la producción láctea en Santiago del Estero: 25.00 hectáreas de campo y 16.000 cabezas de ganado, entre otras cosas. Carlos y Alejandro pasaron por nueve centros clandestinos de detención diferentes.
"La parte que fue desesperante fue cuando la ataron a mi madre de la ventanilla con esposas y la empezaron a golpear", recordó Alejandro y dijo "que lo hicieran conmigo, pero que no la sigan golpeando a mamá". Así el testigo relató cómo intentaban ablandarlo para que ceda sus bienes y dijo que "lo único que habíamos hecho era un plan económico para la defensa de los más humildes" y "eso estaba prohibido para el poder". En el 77 estuvieron en el centro clandestino "El Infierno" donde recordó que “no solo torturaban, allí robaban. Se le decía el banco de Londres porque se dedicaban a secuestrar industriales y a robarles dinero”, recordó.
Por su parte, Carlos Iaccarino detalló que "a partir del año 66 se empezaron a formar las Cámara de todos los productos y la cámara lechera estaba formada por las grandes companias, Sancor y La Serenísima" y cómo "nosotros pagábamos 50 % a los tamberos, eso no nos perdonaron nunca", dijo. "Ahí empezó el apriete por medio de los bancos" detalló hasta que en el 76 "lo primero que hicieron no nos permitieron sacar el avión de Santiago".
El inicio de la persecusión y secuestro llegó de la mano de la policía provincial de Santiago del Estero a pedido del Primer Cuerpo del Ejército. “El 4 de noviembre del 76 estábamos con Rodolfo y con mi padre en Santiago del Estero. Vienen dos policías de la Regional 1. Nos llevan para hablar”.
“Pasamos tres días sin tomar nada, algun vaso de agua o mate cocido. Tabicados. Estuvimos 36 días. Fue brutal, doloroso, tremendo, no encuentro una palabra que pueda definir” contó al tribunal Carlos y habló de un juez de apellido “Russo" que estaba con secretaria, a quien recordo como Beatriz Aparicio. “Ellos también son represores porque venían a un centro clandestino y sabían”, dijo Carlos y reclamó a los jueces por la participación de policias federales de apellidos Patané, Da Nunzio y Damato. El presidente del Tribunal, Ricardo Basílico, solicitó que se disponga la apertura de una investigación respecto de Patané, quien según el sobreviviente, siguió trabajando en la Policía Federal.
Claudia Bellingeri, hija de Hector Bellingeri quien se encuentra desaparecido, fue la primera en declarar este martes y aclaró que “vengo a declarar por todas las victimas que no están en este juicio pero que deberían estar”. Contó que su padre se encontraba en Marcos Paz el día que desapareció en el marco de un operativo gigante que se realizó entre los días 11 y 12 de junio del 1977.
Ella detalló a los jueces los casos de Liliana Galetti y de Virginia Allende, dos militantes que “cayeron” en el marco del operativo contra el PROA y fueron vistas en el Pozo de Banfield en septiembre de 1977. “Investiguemos más para saber qué pasó con ellos”, dijo. “Del total de las víctimas secuestradas, el 46 por ciento no ha tenido la suerte de ser vista. Doblemente desaparecida para el registro de la Justicia. Esas víctimas que no han sido vistas en centros clandestinos y tampoco se tiene su cuerpo, no parece ser que vayan a tener justicia”, reclamó.
Comentarios recientes