Un informe de elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad estableció que desde la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica se condenaron a 1088 genocidas. Actualmente hay unos 14 juicios orales en curso y otras 63 causas esperan el inicio del debate. Otro dato que brinda el informe es que la mayoría de los detenidos se encuentra en arresto domiciliario.
Los condenados tienen que ver con las 286 sentencias dictadas por tribunales federales de todo el país. El informe de la procuraduría, cuya titular es la fiscal federal María Ángeles Ramos, se encuentra actualizado al pasado 9 de septiembre y detalla que en esas sentencias se absolvieron a 166 personas.
Por su parte, catorce son los juicios orales que actualmente se están realizando por causas por delitos de lesa humanidad. En tanto que otras 63 causas se encuentran a la espera de que inicie el debate, mientras que otras 274 causas se encuentran en fase de instrucción. Un dato no menor son los fallecidos dentro de las personas investigadas que al día de hoy son 1023 personas.
La infografía difundida por el Ministerio Público Fiscal también especifica que las personas procesadas son actualmente 495, mientras que 135 se encuentran con falta de mérito para procesar o sobreseer, y 95 fueron sobreseídas. Los imputados ascienden a 577 -es decir, personas aún no convocadas a declaración indagatoria- y los prófugos son actualmente 21.
En cuanto a los detenidos por crímenes de lesa humanidad, el informe detalla que son 725 personas las que permanecen detenidas, mientras que 1514 se encuentran en libertad. De las personas detenidas, 551 se encuentran en arresto domiciliario, 113 en establecimientos penitenciarios y 61 en otras dependencias.
La mayoría de los que se encuentran detenidos están en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por las características de este lugar -una sede castrense con custodia actual y permanente del Ejército- “la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad no lo considera un establecimiento penitenciario”, explican en el informe.
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