Ayer comenzó, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el tratamiento de la modificación de la Ley para la Urbanizar Barrios Populares, que tiene como principales ejes prorrogar los desalojos por diez años, y garantizar el acceso a los servicios públicos con un costo que se base en la tarifa social. Además, se declararía la emergencia social-urbana, sanitaria y ambiental.
El tratamiento será en la Cámara de Diputados, puntualmente en las comisiones de Asuntos Constitucionales, dirigida por Hernán Pérez Araujo, perteneciente al Frente de todos, Carlos Heller, de Presupuesto, y el oficialista Lucas Godoy, de Legislación General.
Actualmente existe una ley, sancionada en el 2018, que es la que se buscará ampliar. Los funcionarios recibieron a referentes de la zona y distintas personas vinculadas al tratamiento de los barrios. Tal es el caso de Fernanda García Monticelli, subsecretaría de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, del Ministerio de Desarrollo Social.
La subsecretaria recordó que recordó "hasta el año 2016 no existía información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes, las condiciones de vida de sus habitantes y la situación sobre acceso a servicios".
En esa línea, señaló que "las organizaciones sociales realizaron un acuerdo con el gobierno nacional para relevar por primera vez los barrios populares de la Argentina. Eso arrojó la existencia de 4.416 barrios populares".
En tanto a la sanción de la ley hace cuatro años, enfatizó que "con este espaldarazo se empezó a trabajar en Plan de Integración socio-urbana, basado en cinco pilares: integración urbana, vivienda, integración social y productiva, acceso al suelo, gobierno abierto, transparencia y gestión popular".
Los datos que aportó dan cuenta que hay actualmente 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11.542 lotes con servicios, 1.437 construcción de viviendas, que serán utilizadas para la relocalización, y serían alrededor de 670.000 personas las que se benefician con 163.000 puestos de trabajo.
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