Como lo asiste a cualquier magistrado acusado ante el organismo, el juez Bento se defendió de forma oral y escrita ante la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Esta semana asistió al Consejo donde enfrenta acusaciones como juez en Mendoza donde está procesado con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita acusado de solicitar dinero a cambio de beneficios judiciales.
Hace 15 años que fue designado en el Juzgado Federal 1 de Mendoza y él viene negando rotundamente las acusaciones. Lo hizo el pasado 7 de enero en una entrevista exclusiva con Tiempo Judicial, y lo reiteró esta semana ante los consejeros de la comisión presidida por el diputado del PRO, Pablo Tonelli.
Bento eligió asistir de forma personal al edificio ubicado en la calle Libertad 731 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumpliendo con la citación por el artículo 20 del Reglamento de la Comisión que lo cita a “declarar”. Luego, se tendrían que dar los pasos lógicos de emitir dictamen que podría culminar con la suspensión, el juicio político o la destitución del magistrado.
“No tienen pruebas mías que me vinculen con los que integran la causa o pidiera dinero, no tienen nada de lo que dicen que yo pedía, ni tienen relación conmigo. Dejenme defender de las imputaciones que se me hacen el día de la fecha”, señaló Bento ante Tonelli y volvió a señalar “que las acusaciones son una consecuencia de la confabulación política, mediática y judicial”.
"Política, porque los colores de la provincia no son los mismos que a nivel nacional. Mediática, porque era la pata de la mesa necesaria para que esta infamia tuviera difusión. Y tercero, judicial, porque hay gente que tiene un odio patológico conmigo", aseguró el magistrado mendocino.
Walter Bento asumió al frente del Juzgado Federal 1 de Mendoza con competencia electoral en septiembre de 2006. Llegó a ese cargo por concurso. Ese juzgado estaba vacante desde 2002 cuando el entonces juez federal Luis Leiva fue destituido por haber investigado una causa en la que aparecía como víctima.
El procesamiento es por asociación ilícita, prevaricato, omisión y retardo de justicia en causas a su cargo, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo en 10 hechos y lavado de activos en coautoría con su esposa. Al magistrado le trabaron embargos y inhibiciones sobre sus bienes por $187.610.000 otro con bienes a nombre de su esposa por $149.773.600.
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