El gremio judicial y también las tres listas de los magistrados cuestionaron el artículo del Presupuesto 2023 que pretende recaudar tributariamente 200 mil millones de pesos de sueldos de empleados y funcionarios judiciales, y también los jueces.
Fue la eliminación de la exención en el impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial que si bien rige que los nuevos magistrados y magistradas nombrados desde 2017 sí paguen el tributo, se avanzó con una modificación para que estén alcanzados todos “independientemente de la fecha de su nombramiento”.
De esta manera, el nuevo inciso “a” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría “las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones“.
Asimismo, el nuevo inciso “c” del mismo artículo, reza: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El oficialismo con este artículo del Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos, explicó que en 2022 el Estado no recaudará "129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones". "Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no pagan", agregó.
Breve historia
El gobierno de Macri aprobó una norma en la cual los nuevos jueces pagaban impuesto a las ganancias mientras fueron designados a partir de 2017 en adelante. Igualmente, esto generó reacciones que también generaron a la Justicia hasta que la Corte Suprema revocó en 2018 la medida cautelar que impedía cobrar el impuesto a las ganancias a los jueces que asumieron desde 2017.
“Los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente”, dictaminaron los ministros Juan Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Y al menos dos de los tres supremos firmantes afirmaron que los miembros de la CSJN deben pagar el tributo.
El presidente del tribunal supremo, Carlos Rosenkrantz, y la vice, Elena Highton, coincidieron con ese fundamento, pero admitieron el derecho de los jueces, ”al igual que todo ciudadano”, de plantear en la Justicia sus quejas, como, en este caso, contra la Ley 27.346.
En noviembre de 2018, en una rueda de prensa al fin de una reunión de gabinete en la Casa Rosada, el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, opinó que todos los magistrados y funcionarios debían pagar el impuesto, posición contraria a la de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), para la que “el salario no es ganancia”.
Rechazo de la UEJN y de la AMFJN
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, se declaró en estado de "alerta y movilización" en todo el país en rechazo a "la propuesta de que los trabajadores de la actividad abonen el mal llamado Impuesto a las Ganancias, ya que el salario no es ganancia".
El rechazo no es en solidaridad sino que podría alcanzar a sus afiliados, es decir, funcionarios y empleados judiciales con muy buenos salarios que no están alcanzados por el impuesto salvo los jueces que fueron nombrados en el cargo a partir del año 2017 con un “acuerdo histórico” que el ex ministro Garavano logró con el arco judicial. Sí, así lo calificaron y empezaron a pagarlo 100 jueces.
Piumato fue muy duro y lo calificó de “saqueo” y apuntó contra el banquero titular del Banco Credicoop y también diputado oficialista Carlos Heller. “Heller, el banquero, pretende q los judiciales paguen “impuesto al trabajo” pero defiende a que sus socios de la usura financiera no paguen x sus operaciones mientras continúan saqueando al Pueblo Argentino! #ArgentinaSaqueada”, escribió Piumato en su cuenta de Twitter.
Las tres listas de la Asociación de Magistrados salieron en coro a cuestionar el proyecto por inconsulto como fue la reforma en plena pandemia del régimen jubilatorio de los jueces y juezas como ya contó este medio. “La reforma que se intenta introducir llamativamente canalizada en un proyecto de ley que no persigue esos fines sino la diagramación de las erogaciones de los tres poderes del Estado, evidentemente se corresponde con una nueva maniobra del partido de gobierno para atentar contra la independencia judicial y dotarse de sí mismo de herramientas de presión”, fue el comunicado de una de las listas de la AMFJN que conduce la entidad que aún no emitió comunicado por las rispideces que dejó la reciente elección para el Consejo
La Lista Compromiso Judicial se planteó “en estado de alerta” y la Celeste “reiteró su posición histórica en tanto que el salario no es ganancia porque la independencia judicial no se negocia”.
Y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también se pronunció en contra de este proyecto porque ya se discutió que "modificar la situación de los que ya prestaban servicio resultaba una medida que afectaría gravemente la intangilidad de las remuneraciones constitucionalmente garantizada".
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