En septiembre de 2020, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi consideraron en su fallo sobre una causa que tenía como imputado a un hombre de 30 años por violaciones reiteradas contra su hermanastra que los efectores de salud que le garantizaron a la niña el acceso a la interrupción legal del embarazo producto de los abusos, son "sicarios" y "asesinos a sueldo" y en ambos votos bajando línea sobre sus posiciones contrarias al aborto en un fallo que nada tenía que ver.
La primera denuncia fue de la defensoría general a cargo de Stella Martínez quien inició una denuncia ante el Consejo en abril de este año. Martínez denunció a través de Tiempo Judicial que que “el 24 de septiembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal condenó a D.F.Z. a 35 años de prisión por el homicidio de otro hombre, así como por el abuso sexual de su hermana L.E.R., llevado adelante en varias ocasiones, con violencia y desde que la víctima era muy pequeña. Producto de esos abusos, la adolescente quedó embarazada. En ese marco fue que se realizó la interrupción legal del embarazo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 86 del Código Penal y con los lineamientos que la Corte Suprema de Justicia estableció en su fallo F.A.L. de 2012”.
Al fundamentar su voto, el juez Anzoátegui consideró que se debían extraer testimonios de la sentencia y enviarlos para que se investigue si se cometió un homicidio o un “homicidio prenatal” en relación con el procedimiento legal que interrumpió el embarazo. Según dijo, la interpretación que se hace sobre el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, las directivas que surgen del fallo F.A.L. de la Corte, y los protocolos de actuación ante casos de aborto “son violatorios de la Constitución Nacional, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley 26.061”.
Además, entendió que se debía investigar “la conducta de los funcionarios de la Defensoría General de la Nación, de los organismos nacionales encargados de la protección de los derechos del niño, y de los demás funcionarios públicos que intervinieron en los comienzos de este proceso”. El juez Rizzi adhirió íntegramente a las consideraciones y planteos que hizo su colega sobre esta cuestión.
La defensora general cuestionó que “…en lugar de ceñir el objeto del proceso a la investigación del abuso sexual, los jueces convirtieron el caso en una oportunidad para investigar penalmente la interrupción legal de un embarazo, lo que constituye, no solo un error jurídico sino también una forma de violencia institucional”.
Así y todo también fueron denunciados en el Consejo por la organización de Tucumán MujeresxMujeres y esta semana hubo novedades sobre el trámite de la denuncia ante el organismo que se encarga de evaluar las denuncias contra los magistrados.
Discusión en la comisión de acusación del Consejo
Este martes sesionó la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura presidida por el diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, en la cual tras una áspera discusión entre consejeros y consejeras se logró lo propuesto por el presidente: desestimar la denuncia.
La diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, pidió la postergación para el 8 de noviembre pero no fue escuchada porque se evalúa la aplicación de una sanción o el posible envió a jury. Tonelli y De la Torre se manifestaron a favor de votar por la propuesta del primero de desestimación de la denuncia a ambos jueces. Así como Camaño sugirió votar el dictamen y continuar el trámite.
Tres consejeros (Siley, Vázquez y Doñate) votaron a favor de postergar el tratamiento para desestimar la denuncia y también tres consejeros (Tonelli, De la Torre y Camaño) votaron en contra. Por ende, el presidente de la comisión de Acusación, Pablo Tonelli, tuvo que desempatar y votó aprobar su dictamen que fue la desestimación de la denuncia en contra de los dos jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi por contenidos “misóginos” en sus sentencias así como por llamar “sicarios a médicos” que avalaron una interrupción voluntaria del embarazo en un fallo.
Siley tomó la palabra para cuestionar la desestimación de “magistrados que han violado flagrantemente la ley”. “Estos jueces han desconocido fallos de la CSJN, estos magistrados que dicen atrocidades los mandan a hacer un cursito de ley Micaela y ahora van a acumular más denuncias a estos magistrados”, espetó Siley.
Y agregó que los jueces “desconocen la ley IVE, desconocen el agravante de femicidio y así se acumulan sistemáticamente casos, después no nos rasguemos las vestiduras hablando de Derechos Humanos, niñas y adolescentes, a las mujeres si en las sentencias hay un delito flagrante. Acá quieren desestimar y pobres las mujeres que caigan en manos de estos magistrados”.
De la Torre defendiendo la desestimación afirmó sobre los jueces que “veo manifestaciones que pueden ser o no oprobiosas, a mi si me resultaron ofensivas, pero entiendo que tienen que hacer una capacitación en Ley Micaela pero no podemos pensar que no fundaron en derecho y no ejercieron su derecho de control de constitucionalidad. Hay un contenido de sentencia muy difícil correrse de ahí”.
Tonelli le contestó a Siley: “La denuncia no refiere a la decisión de los magistrados sino se refiere a expresiones de los magistrados contenidas en la sentencia. Nadie ha cuestionado la decisión, sino los expedientes hechos a mayor. No hay colisión entre la decisión de los jueces y las normas”.
Y Siley retrucó “(…) perdóneme usted está diciendo algo que no es así, está la sentencia y en el interior de la sentencia es un activismo judicial. No hubo solamente algo verbal y escrito, hubo un activismo judicial en la materia y estos jueces están denunciados nuevamente por el desconocimiento del agravante de femicidio”.
En último lugar, Tonelli contestó cerrando la comisión: “un último comentario: los antecedentes del consejo han sido favorables a que los jueces digan lo que les parezca como el caso del Dr. Juan Ramos Padilla que insulta a jueces en su cuenta de Twitter y sin embargo el Consejo resolvió que podía decir lo que le daba la gana. También el juez Segura que tomaba el pelo a las partes y se resolvió que dijeran lo que quisieran. Los antecedentes son en ese sentido. Recuerdo que ahora hay sorteo de expedientes y queda concluida la reunión de la fecha”.
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