El juicio oral y público por el homicidio del comerciante Hugo Oldani, muerto en febrero del 2020 tras un asalto en su local de la galería Rivadavia, fue este lunes suspendido provisoriamente hasta el próximo 6 de marzo. La medida fue dispuesta por el tribunal asignado al debate, conformado por los jueces Celeste Minniti, Sebastián Zseifert y Pablo Spekuljak, quienes resolvieron darle doce días hábiles al defensor oficial Sebastián Amadeo, que asiste a Juan Manuel Ruffino, para interiorizarse de la causa, tras la sorpresiva renuncia del abogado cordobés, José Maggi, el último viernes.
El hecho policial emblemático que generó sospechas en la provincia y tiene apuntada como parte de la llamada “Mafia de los Fiscales” a Cristina Ferraro, de la Fiscalía Regional N° 1 del Ministerio de Acusación, surgió a raíz del asesinato de Hugo Cesar Oldani. Esta podría ser la punta del ovillo de varios delitos cometidos por parte del Poder Judicial de la provincia en que aprovecharon su posición de poder y tomaron una significativa ventaja.
Actualmente, la fiscal se encuentra investigada junto a varios colegas por su actuar en forma irregular. Inclusive, hubo un comunicado en el que se exhortó al secretario de Justicia de la Provincia, Gabriel Somaglia, a que sea un proceso de transparencia y que se cree la Subcomisión de Seguimiento de Concursos de Fiscales, Funcionarios y Autoridades Superiores del Ministerio Público Fiscal.
Todo ello surgió a raíz de las denuncias recibidas que señalaron que el grupo de fiscales realizaba causas armadas con decenas de inocentes con el fin de extorsionar y además la desaparición de millonarias sumas de dinero en los allanamientos, como en el caso de Oldani.
El robo
Hugo César Oldani, de 67 años, fue asesinado el 11 de febrero del 2020. El hecho ocurrió en su oficina, ubicada en una galería de la capital provincial. El trabajo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó a la detención de seis personas: Juan Manuel Ruffino, de 25, señalado como el manejaba el auto que trasladó a los asaltantes, Braian Damiani, de 22, un coautor que hizo de campana. También, Cristian Bruno Figueroa, de 21, quien sería el autor material del asesinato y, dato relevante, apareció ahorcado en su celda del penal de "Las Flores" en septiembre, tras un arreglo de 26 años en un juicio abreviado. Además, se vinculó al relacionista público Andrés Kaipl y al bioquímico Alfredo Manuel Sedonio, quien está en libertad.
Sobre los dos últimos -y de esta forma comienzan las sospechas del caso- no hay pruebas de su participación y se cree que es una acción armada para generar distracción por parte de los fiscales y que la causa tome un tinte de vértigo y fortaleza, además de confundir la opinión pública.
Entre tantas sospechas y baches de información, se pudo verificar que la hija de Oldani, llamada Virginia, ingresó en el local de su padre junto a su esposo, José Luis Fernández, la madrugada posterior al asesinato, cuando el mismo estaba todavía en la etapa de peritaje y su llegada podía comprometer la investigación. Según las cámaras de la galería estuvo más de una hora.
Ella fue autorizada para entrar por Cristina Ferraro y los fiscales de la Regional N° 1, y salió del lugar con 3.100.000 de pesos y más de un millón de dólares en cajas y bolsos. El fiscal federal Walter Rodríguez investigó las circunstancias del asunto, y ahí fue cuando se la señaló a la fiscal.
La investigación
Se levantaron sospechas porque la fiscal Mariela Gimenez, quien tiene que investigar el caso, fue apartada con una jubilación anticipada, pero su edad no coincide con la correspondiente jubilatoria ya que tiene 57 años.
En tanto, para que la investigación se torne más turbia, se conoció que los otros fiscales pertenecientes en mismas fechas de la instrucción de la causa a la Regional N° 1 de la apartada Ferraro, es decir, los Fiscales Maria Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Pablo Spekuliak, hoy sugestivamente, se convirtieron en los jueces que tendrán a cabo el "Juicio Oral" del "Caso Oldani".
El Caso Oldani podría destapar una trama de causas armadas, robos y apropiaciones delictivas, delitos que perjudican a los ciudadanos de Santa Fe y manchan el accionar del Poder Judicial de la provincia. La investigación de la fiscal Ferraro y su sanción por 150 días, plazo que durará la investigación, se votó en la provincia y se aprobó 59 votos, 42 diputados y 17 senadores.
En el caso que la Cámara Federal de Rosario confirme su procesamiento en la causa penal, la Legislatura votará su remoción en el cargo, lo que podría dar fin a su carrera.
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