Mientras que un camillero gana actualmente algo menos de 100 mil pesos, los concurrentes continúan trabajando sin percibir un salario formal ni contar con ART. Por ello, los médicos residentes realizan extensas guardias con escasa o nula remuneración, mientras que el Presupuesto Nacional para la cartera de Salud no permite anticipar mejoras en las condiciones del sistema de salud, ni de su personal.
A inicios del corriente año, el Sindicato de Salud Pública, las y los profesionales nucleados en la CICOP, la Asociación de Médicos de la Argentina, la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión del Personal Civil de la Nación obtuvieron un aumento salarial de 103% anual. Igualmente, desde este sector se aclaró que no se trata de un aumento real del salario, sino de una actualización mensual, que correrá en paralelo a la inflación prevista de este 2023, que será aproximadamente de un 100%.
Con este incremento, el salario inicial para un profesional de la salud sería de unos $160.000 de bolsillo. Y, variando según especialidad, un médico o médica con 10 años de antigüedad con guardias, percibe 220.000 pesos de bolsillo, en promedio.
Sin embargo, este derecho obtenido no alcanzó al personal médico del Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ejército Argentino, que reclama por su correspondiente actualización salarial, que se encuentra en un 60% por debajo del resto de las residencias CABA, y denuncia irregularidades en el pago de los mismos.
“Somos más de 700 personas entre enfermeros, residentes, médicos de planta y demás categorías, que reclamamos que nos equiparen los sueldos, que nos paguen un salario digno. Nuestro salario básico está en 100 mil pesos aproximadamente y a eso hay que descontarle los aportes”, relató una residente en el servicio de Urología del mencionado hospital, en diálogo con Tiempo Judicial. Y completó: “Nos pagan aparte unos suplementos que nos dejan el sueldo cercano a 170 o 180 mil pesos. Pero esos suplementos los administran desde la contaduría general del Ejército y los agregan y sacan a gusto. Un mes te lo pagan y al otro no”.
Agustín, también residente de tercer año de Urología en el Hospital Militar Central, especificó que el reclamo no pueden llevarlo a la Justicia dado a su “estado militar”: “Necesitamos que se visibilice nuestra situación y llegue al Ministerio de Defensa y Poder Ejecutivo, ya que no podemos hacer huelga ni manifestarnos abiertamente por nuestro ‘estado militar’”, contó el profesional, que detalló que actualmente necesitan “más de dos trabajos extras para poder cubrir necesidades básicas”.
Contemplando ese contexto, los profesionales de la salud del establecimiento reclaman lo que les corresponde, y la uróloga residente explicó el origen del conflicto, puntualizando: “Actualmente, nuestro salario, al tener estado militar, depende puramente del Ministerio de Defensa y no del Ministerio de Salud. A nosotros nunca nos equipararon el sueldo con los residentes del resto de CABA y estamos sujetos a la Ley 19.101, que es la ley militar”.
Derecho al reclamo y expresión
La mencionada Ley 19.101 está formulada para el personal militar, y contempla también al personal médico que se desempeña en el hospital mencionado.
Según la entrevistada, los efectos de esta ley no sólo les coarta el acceso a este aumento salarial, sino que también les limita el derecho al reclamo, un derecho expresamente citado en la Constitución Nacional. “Nosotros no tenemos ningún gremio que nos respalde. Sí nos estamos agrupando, un poco a escondidas, dado que esa ley dispone sanciones militares que pueden derivar en la pérdida del trabajo, no solo acá, sino que nos prohibirían el ingreso a otras entidades públicas”.
Por esto, el personal realiza los reclamos a través del diálogo con las autoridades del hospital, aunque desde allí aseguran que el poder de incrementar salarios no les corr
esponde a ellos, sino al ministro de Defensa, Jorge Taiana.
Agustín, al respecto, agregó: “No tenemos gremio ni podemos tenerlo. Nos agrupamos, pero no hemos podido funcionar como un bloque por presiones de nuestros jefes de servicio, situación privilegiada de algunos residentes y miedos a sanciones o despidos. Pensamos en hacer paro y venimos luchando con mensajes y pancartas anónimas desde fines de 2022. Pero no logramos nunca generar el ruido suficiente para cambiar nuestra situación”.
Sin embargo, el residente insiste en que no es para ellos una posibilidad el acceso a la Justicia para defender los derechos laborales vulnerados en su situación. “La única alternativa es pedir la baja de la fuerza perdiendo los años de formación logrados”, se lamenta, al tiempo que su compañera adhiere: “Estamos viendo entre varios compañeros de ir pidiendo los papeles de baja, que significa pedir la renuncia, porque la situación es insostenible”.
“Nuestro objetivo máximo es lograr la equiparación de sueldo con Gendarmería y Prefectura. Es una medida que cambiaría radicalmente al Ejército y no solo a los médicos militares. Pudiendo contar con más personas y sobre todo con mayor vocación. Que ser militar no signifique ser pobre casi toda la vida”, expuso Agustín, y concluyó: “El mismísimo presidente, Alberto Fernández, dijo en la cena de Camaradería a fines de 2022 que su idea era equiparar los sueldos en 2023, muchos esperamos que cumpla con su palabra”.
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