El voto en disidencia del ministro y ex presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, expresó el inconformismo con el despido como administrador general de un hombre de su confianza, Héctor Daniel Marchi, quien fue trasladado a un cargo mucho menor.

La decisión como anticipó ayer a la tarde Tiempo Judicial fue la salida como administrador general de los fondos de la Corte Suprema de Héctor Daniel Marchi eyectado por la interna entre Lorenzetti y el resto de los tres ministros del Máximo Tribunal que concluyó ayer con la salida hacia la Cámara Federal de la Seguridad Social, con el mismo salario en otro fuero y en uso de licencia.

Esta salida se dio fue el fin de un clima álgido donde Marchi negoció su salida hasta un punto de inflexión que la casi segura convocatoria a declarar al juicio político a los cuatro integrantes de la Corte en la Cámara de Diputados. Marchi dejó trascender que enviará las auditorías que realizó del manejo de la obra social del Poder Judicial.

Los otros tres ministros, según fuentes judiciales, mantuvieron a Marchi en su cargo como un·”especialista en la administración con más de 10 años en el cargo porque estaba en los planes de Rosenkrantz  y Rosatti usarlo para entender el engranaje de la Corte. Cuando no les sirvió tomaron esta decisión”.

Así se gestó la salida que se va plasmando en el voto en disidencia de Lorenzetti donde dijo muchas cosas que había que decir de su relación con sus pares y otras que prefirió omitir por la famosa institucionalidad de un Poder del Estado que bastante alicaído está para caldear el ánimo con otras “internas”.

“Que lamentablemente debo escribir palabras que no desearía, pero hay una serie de decisiones que se han apartado ostensiblemente de los principios jurídicos de la Corte y del Derecho”, fustigó Lorenzetti en la Acordada 11/23 donde tuvo un voto en minoría donde los otros tres ministros decidieron “reestructurar” a través de un proceso “de modernización y reorganización distintas dependencias del Poder Judicial”.

El ministro consideró en la resolución de traspaso de funciones que "es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado. Prueba de ello es que se designa en su reemplazo a un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración, para desplazar a un funcionario que está hace quince años que se desempeña con el aval de todos los ministros y sin objeciones".

Como contaron fuentes judiciales se disfrazó la salida de Marchi con una supuesta “reorganización” en la CSJN: "La verdadera razón es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de Abril, que no parece gustar. Desprestigia a esta Corte sancionar a funcionarios que cumplen con la ley".

Gasto Público

El ex presidente de la CSJN durante varios años cuestionó el aumento del gasto público “de manera innecesaria” con esta decisión “quebrando una década de políticas de austeridad administrativa de esta Corte Suprema”.

Y siguió valorizando su gestión por sobre la actual de Horacio Rosatti: “Durante esa década no se aumentó la planta de personal y se fueron reduciendo gastos innecesarios y se suprimió una secretaría que ya no tenía sentido, y sobre todo, se respetó el dinero de los contribuyentes”.

 

 

En ese sentido, Lorenzetti subrayó contrariando a sus pares que “el aumento innecesario del gasto en el Estado frente a una población que debe restringir el suyo, no hace más que abrir una brecha entre las instituciones y el pueblo”.

El tema de los desmanejos en la obra social y la auditoria que presentó Marchi estiró los plazos para que el ahora ex administrador “negociara” con el presidente de la Corte y le salió hasta ayer cumpliendo casi 14 años en el cargo con un millonario sueldo.

Pese a esta salida, hay desencanto en la CSJN con esta movida porque “invisibiliza” otras cuestiones como por ejemplo: el estado de la obra social para cientos de empleados, jueces y funcionarios que nadie entiende cómo reencauzar.

La Comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, citó a nuevos testigos para el próximo martes a las 13 horas y convocó otra vez a Aldo Tonón, quien no declaró la última vez porque su testimonio ante los legisladores “podría vulnerar y violar la garantía en el texto del articulo 18 de la Constitución Nacional” y pidió que se lo “exima de declarar”. Sería convocado Marchi.