Aumento del número de integrantes de la Corte, ingreso democrático al Poder Judicial como marca la ley, concursos públicos y abiertos y la ley Micaela son los reclamos del colectivo de los movimientos feministas de la “Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista”.
El lanzamiento de esta campaña según pudo saber este medio tiene “la demanda por una “reforma judicial feminista es urgente. Necesitamos una justicia que tenga una perspectiva interseccional, anti-punitivista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos”.
Impulsan las denuncias por "mal desempeño a jueces y juezas patriarcales, la falta de regulaciones que preserven la vida de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades, su re-victimización, la criminalización tanto de mujeres y madres protectoras como de personas del colectivo LGBTIQ+", la ausencia de perspectiva de género en procesos y sentencias del Poder Judicial, la corrupción y complicidad patriarcal en el sistema de justicia, es la llamo que las guía para que se organicen de manera urgente a lo largo y ancho del país.
“Cuando planteamos la necesidad de una reforma judicial feminista es justamente porque todo el tiempo nos encontramos con que los tres poderes del estado deberían comprometerse a radicar las violencias. Nos encontramos con que el poder judicial es el único que atrasa constantemente y no tiene ningún interés en cambiar sus prácticas totalmente patriarcales”, explicó a Presentes Melisa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) a la Agencia Presentes.
¿qué piensan del Poder Judicial?
Una de las principales conclusiones de dicho foro giró en torno al diagnóstico del Poder Judicial. Lo definieron como un “poder que fue definido como clasista, racista y deshumanizado”, como una “casta judicial” privilegiada compuesta principalmente por varones cis, blancos, heterosexuales, que defienden intereses de las minorías privilegiadas y grupos económicos.
Esta casta está compuesta principalmente por una “familia judicial”, que permite la inclusión en puestos laborales a familiares directos o allegados a quiénes ya están dentro del sistema. Por eso, las organizaciones feministas reclaman el ingreso democrático al sistema de justicia como una herramienta que hasta ahora sólo incorporaron los ministerios públicos y fue también una de las principales demandas que se expresaron en el encuentro de los movimientos a principios de mes.
Los movimientos feministas cuestionan los “cargos vitalicios y sus exenciones impositivas”, los privilegios que alejan a sus funcionarios de las realidades del pueblo así como la “distancia y ajenidad” entre los operadores de justicia y acuden a reclamar por sus derechos.
A esto se suma el “críptico lenguaje de los tribunales, los tiempos prolongados para tomar decisiones y la presencia de fuertes estereotipos de género, que se agravan al combinarse con factores de clase y raza, y hacen que hoy el Poder Judicial sea aquel en el que menos confía la ciudadanía”, entienden con dureza desde los movimientos feministas de la “Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista”.
Corte Suprema
La crítica concluye con los cuestionamientos hacia los cuatros hombres que ocupan el Máximo Tribunal de Justicia: “(…) el Poder Judicial de nuestro país, encabezado por cuatro varones blancos, cis, hererosexuales, propietarios, cuyos fallos reproducen discursos jurídicos machistas, racistas y clasistas. Estas figuras son las responsables de la proscripción de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la persecución política a referentes, entre ellas mujeres dirigentes y periodistas feministas. Además, son el poder ejecutor del lawfare en nuestro país, utilizado para adoctrinar, disciplinar y amedrentar a las figuras políticas que desafían al poder económico y promulgan medidas en favor del pueblo”.
Más allá que es erróneo el concepto de proscripción de la actual vicepresidenta condenada en una sola causa judicial (Vialidad) que le permite ser candidata al cargo ejecutivo o legislativo que desee este año 2023, los organizaciones cuestionan “a la Corte de los cuatro que atenta contra las instituciones, la democracia y los derechos humanos fundamentales. Sus decisiones legitiman la arbitrariedad, la corrupción y la ilegalidad frente al resto de los tribunales federales, nacionales y provinciales. Son un mensaje implícito para el pueblo: con esta Corte no hay justicia y los derechos humanos están en riesgo”.
“Es imprescindible para que la reforma judicial feminista sea una realidad efectiva: la remoción de los miembros de la Corte Suprema por Juicio Político y la democratización del sistema judicial. Es imperiosa e imprescindible su transformación, ya que a través de sus sentencias baja línea política que impacta en los juzgados nacionales y federales de todo el país, incluyendo las Cortes Supremas Provinciales que la imitan, lo que resulta peligroso para la democracia. Esta Corte Suprema no sólo conduce y organiza, sino que también disciplina al resto del Poder Judicial y persigue políticamente a lxs dirigentes”, enfatizan con dureza desde el colectivo feminista.
En definitiva, la Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista lanzó una serie de reclamos al Poder Judicial con el compromiso de aportar y de comprometerse colectivamente a la transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial y su buen funcionamiento. Sin justicia no hay garantía de derechos, esgrimen y proponen.
PROPUESTAS Y DESAFÍOS DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR LA REFORMA JUDICIAL FEMINISTA.
- Remoción por Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Exigir a la CSJN la reglamentación y cumplimiento de la Ley de Ingreso Democrática en todo el Poder Judicial.
- Aumento en el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Implementar la paridad de género en la integración de los Superiores Tribunales Provinciales y las Cámaras de Casación Nacionales, Provinciales y Federales.
- Cumplimiento efectivo y actualización periódica de la Ley Micaela (27.499/2019) para todo el personal del sistema de justicia.
- Implementación de la Ley de Ingreso Democrático (26.861/2013) al Poder Judicial.
- Evaluación en perspectiva de género, con una mirada en clave de derechos humanos, como criterio esencial para la elección de nuevas personas en cargos de la magistratura.
- Creación de un Observatorio Popular y Feminista que de seguimiento al desarrollo de la gestión de autoridades del sistema judicial.
- Implementación de sanciones a jueces, juezas, defensores/as y fiscale/as que no apliquen la normativa internacional con perspectiva de género, y la escucha activa a mujeres, infancias y diversidades.
- Cuidado a las infancias como principio básico en el proceso judicial: basta de revinculación entre abusadores e infancias y/o adolescencias.
- Adopción de medidas de acción urgente frente a las denuncias por violencia de género en cualquiera de sus formas.
- Condena social y jurídica a la violencia política, mediática y simbólica contra todas las militantes y referentes políticas que luchan contra el poder real.
- Obligatoriedad en la integración de mesas de trabajo territoriales con equipos técnicos interdisciplinarios.
- Mejoras en el servicio de justicia. Descentralización tribunalicia, escucha activa, lenguaje claro y espacios de cuidados para feminidades, infancias, adolescencias y disidencias.
- Más y mejor formación profesional a futuro/a/es abogado/a/es con más y mejor práctica profesional.
- Articulación amplia con sindicatos, organizaciones feministas, movimientos sociales y compañeras de todo el país en pos de generar la mayor adhesión posible a nuestra Campaña, a efecto de ampliar a más demandas y reclamos.
- Articulación con las juntas comunales y los consejos consultivos comunales de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de fortalecer y mejorar los espacios de abordaje de mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género.
- Centralización de la información de progenitores susceptibles de ser demandados por cuota de alimentos.
Comentarios recientes