En su coqueta oficina de Palermo con un mate amargo cebado por ella misma, la directora de Promoción y Protección de Derechos de Amnistía Internacional Argentina recibió a Tiempo Judicial para hablar de una temática dura, recurrente y triste en el país que no miramos.
Noelia Garone es abogada (UBA -Derecho) con orientación en Derecho Internacional Público y especializada en Derechos Humanos. Es profesora de Derecho Internacional Público (UBA) y de Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UNPAZ) y es candidata a Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, entre otros menesteres jurídicos.
El informe sobre violencia institucional en pandemia y sin ella marca un norte para seguir fortalenciendo las políticas de derechos humanos en el país, haciendo foco en las fuerzas de seguridad, en su capacitación y formación, teniendo en cuenta nuestro pasado y poniendo énfasis en que el presente también marca un triste déficit sobre el accionar policial sobre la población más vulnerable.
Empecemos por los datos y la deficiencia en las estadísticas sobre violencia institucional en la Argentina que muestra el Informe “Violencia policial: ¿qué pasa después? investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial”, ¿qué propone en materia netamente estadística Amnistía Internacional Argentina?
Observamos una falencia muy grande en Argentina en relación con el registro de hechos de violencia institucional y específicamente con la violencia asociada a las fuerzas de seguridad. Hoy en Argentina, no existe un registro automatizado de los casos de violencia policial lo cual es un gran problema a la hora de pensar políticas serias e integrales para combatir la violencia institucional. Sino podes medir en datos concretos cuál es la gravedad del problema que tenes que enfrentar es imposible después pensar en políticas que puedan dar respuesta a ese problema.
Hay registros parciales de distintos organismos públicos y oficiales que registran parcialmente los datos como la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General de la Nación o la Secretaría de Derechos Humanos pero que son basados en denuncias que reciben por eso no son un muestreo de los casos que existen realmente. Y además, en las provincias hay una falta de sistematización para que un único registro unifique a todas las jurisdicciones del país para que de cuenta la real gravedad del problema para luego pensar en cómo dar respuesta a esta problemática.
Una de las primeras cosas que tiene que hacer es tener un registro único de la violencia y es parte de las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la ONU.
¿Cuáles son las recomendaciones más relevantes que hace Aministía en lo que tiene que ver con la violencia institucional: la formación policial o la falta de implementación del Protocolo de Minnesota entre otras?
Por un lado, vos tenes el hecho de violencia institucional o policial en sí y la violencia en manos de la fuerza que tiene que garantizar la seguridad y en lugar de ello ejerce violencia sobre la ciudadanía. Esta violencia se da por distintas situaciones como la falta de capacitación, la falta de perspectiva de derechos humanos y también cuestiones de racismo dentro de las fuerzas. Nuestro informe “Violencia policial: ¿qué pasa después? hace foco en lo que pasa después de un hecho de violencia policial donde como mínimo tiene que haber una investigación judicial.
En el inicio de una investigación judicial, ¿cuál sería la clave en el primer instante o momento en el cual ocurre un caso de violencia policial cuando es moneda corriente que se contamina la escena del crimen y también donde las fuerzas de seguridad involucradas buscan contaminarla?
En la primeras diligencias preliminares en la escena del crimen, lo inmediato es la separación de esa fuerza de seguridad de la investigación de un hecho de violencia policial de la misma fuerza de seguridad. Asì como la protección de los testigos cerca de los hechos, la preservación de las cámaras de seguridad y demás como piso mínimo que tiene que existir en este tipo de casos así como autoridades judiciales comprometidas en la investigación.
¿En los casos puntuales que ustedes investigaron que falencias vieron como organismo internacional como parte de la causa o acompañando a las familias de las vìctimas o visibilzando el caso en los medios de comunicación?
Es un mar de dificultades y caso a caso hay uno diferente. El informe da cuenta, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, un delito a cargo de la justicia federal donde las primeras diligencias fueron llevadas a cabo por la misma policía investigada…
El limbo de la competencia puede complicar también la primera parte de la investigación…
Sí, claro la debida caratulización de los hechos es fundamental como fue en el caso de Facundo donde el último rastro era que se lo llevaba detenido la policía entonces ya tenés una fuerte carga probatoria de la responsabilidad policial. Desde Aministía también identificamos las falencias en el respeto de los estándares internacionales (Protocolo Minessota) que establece cómo investigar, y las recomendaciones en como llevar adelante las pericias y las claves de una autopsia. Como por ejemplo, el tipo de contusiones en el cuerpo de la víctima si son post mortem o pre mortem, esto puede evidenciar hechos de tortura en el caso concreto.
Es un protocolo que no se respeta y nosotros recomendamos que haya un cuerpo de peritos especializados para llevar a cabo este tipo de autopsias cuando hay una presunción de responsabilidad policial y que pueda colaborar en las distintas jurisdicciones del país para llevar adelante estos mecanismos de prueba.
¿Cuándo interviene Amnistía Internacional Argentina en un caso de violencia policial?
Es caso a caso y a partir del conocimiento y el acercamiento de la familia a Aministía. Tenemos intervención de acuerdo a evaluar nuestro valor agregado en el caso ya sea por darle visibilización y pensar estrategias de comunicación, o si se trata de un apoyo a la pata legal o recurrir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos donde podemos denunciar los hechos por las dificultades en la investigación. Por ejemplo, en el caso de Mauro Coronel en Santiago del Estero, vimos que la necesidad estaba en la presencia y en el apoyo para lograr Justicia.
Hubo una gran paralización de la investigación judicial, fue torturado, esposado en un mástil toda una noche a la intemperie y en una comisaría que ya tiene una condena por violencia institucional. La madre lo escuchó gritar desde afuera de la comisaría. A los dos días, muere en un hospital producto de una neumonía y que tiene que ver también con las contusiones y lesiones que tenía en los pulmones por parte de la golpiza que recibió. Se investigó una tortura en la justicia provincial con una clara paralización de la investigación.
En 2020, Mauro Coronel, de 22 años, murió después de los golpes y torturas que recibió en la seccional décima del barrio Autonomía, de Santiago del Estero.
¿En este caso de Santiago del Estero donde también el poder brindado a las fuerzas de seguridad en la pandemia contribuyó al incremento de casos, vieron algún patrón en común en todas las provincias analizadas?
Los patrones de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y los problemas más estructurales en las investigaciones son moneda corriente que va de sur a norte en todo el país. Una realidad muy instalada y estructural.
¿Cuáles son esos patrones?
Tiene que ver con la formación de las fuerzas y problemas estructurales no sólo en ellas sino en el Poder Judicial donde está colapsado y no pueden realizar una priorización de casos. Tampoco hay una formación en este tipo de casos de violencia policial donde es grave que el Estado esté violentando a los ciudadanos cuando son ellos los que tienen que cuidarlos, torturando, asesinado y desapareciendo personas donde tiene que haber agentes judiciales abocados específiciamente a estos casos.
Formación de las fuerzas policiales y de seguridad
Las capacitaciones son parte de las recomendaciones que Amnistía Internacional Argentina realiza a las fuerzas que tienen que venir acompañadas de una batería de medidas y un compromiso serio por parte del Estado en toda su órbita y todas sus jurisdicciones para pensar en políticas serias como la rendición de cuentas a los hechos de violencia que investigue lo que pasó y haya responsables por lo sucedido para que no se garantice la impunidad. El informe hace poco en lo que pasa después de un hecho de violencia policial donde como mínimo tiene que haber una investigación judicial.
¿Se encuentra un justificativo a estos casos de violencia institucional o no te preguntas por qué suceden más allá de por maldad o por demostración de poder?
(NdR: afirma con la cabeza). Sí, por maldad…no se puede entender pero es así. Durante la pandemia, se aumentaron las funciones de las fuerzas de seguridad y aumetaron este tipo de casos. Pero hoy en día, al menos bajaron los casos. Volviendo a lo que me preguntabas, creo que no es un tema de personas sino de corte institucional al interior de cada fuerza de seguridad o policial. No son personas que nacen malas sino que hay que producir un cambio en la formación de los cuerpos policiales con perspectiva de género y de derechos humanos de cuando se utiliza la “fuerza” que hablamos en el informe. El uso de la fuerza es el último recurso y se utiliza cuando es necesaria.
¿La palabra necesaria es muy blanda no?
Y sii.. claro asi es lo que vemos dia a día porque si vos tenes otros mecanismos de resolución de un conflicto los tenes que tulizar, más cuando estas hablando de armas de fuego y la aparición de casos de gatillo fácil. No puede ser que la primera intervención sea disparar, como ocurrió en el caso del asesinato de Blas Correa en Córdoba. Así están vulnerando el derecho a la vidad de las personas y no ejerciendo seguridad a los ciudadanos.
¿Qué explican los protocolos sobre la utilización o no de la fuerza en este tipo de casos?
Está el principio de legalidad que muestra cuáles son las condiciones en las cuales se va a utilizar la “fuerza” en términos amplios, es decir las balas de goma, la porra o las esposas, que tiene que haber una “necesidad” para usar esa “fuerza” y cuando no hay otros medios alternativos que utilizarla. Y siempre se recomienda usar el arma menos letal.
La fuerza tiene que ser utilizada de un modo profesional y también tiene que haber un proceso de rendición de cuentas en el marco de un sumario interno o sino a través de un cuerpo externo que puede ser la PPN o los Comité nacionales contra la torturas que investigue el accionar y controle el accionar de los efectivos de las fuerzas. El uso abusivo de las fuerzas en contesto de encierro es constantes por ejemplo.
Rol de la Víctima
¿Coincidis que en el último tiempo hubo varios casos de violencia institucional que llegaron a condenas por parte del Poder Judicial?
Si es cierto que hay otro nivel de conciencia de este tipo de casos y también se mediatizan más donde hay un interés por parte de los medios de comunicación en levantarlos por ejemplo el emblemático caso de San Miguel del Monte y los chicos baleados en el auto donde hubo condena.
La falencia en las investigaciones judiciales son una clave de este tipo de casos, como pasó con el caso de Luciano Arruga, donde nadie quiso indagar o hubo una desidia total en la fiscalía investigar realmente que pasó. Ellos tienen la investigación a cargos, ver líneas de hipótesis y lo que pasa es que se avanza en las hipótesis oficiales, es decir la de la policía, y no en otras donde la familia de la víctima no es escuchada. Hay muy poca participación de la familia en este tipo de casos y esto es una recomendación y una obligación internacional del Estado que establece no sólo el Protocolo de Minessota sino la ley de víctimas.
La familia es de vital importancia y esencial para descubrir qué es lo que pasó. No se las escucha, hay represalia contra ellas porque hacen fuerza para que la investigación avance (Por ejemplo: Cristina Castro fue amenazada muchas veces con patrulleros en la esquina de la casa para amedrentar, la madre de Facundo Astudillo) situaciones que generan un ambiente hostil en un contexto de persecución y amenazas.
¿Qué recomendaciones realiza Amnistía Internacional Argentina para este tipo de casos?
Entre las medidas esenciales, está el registro oficial, unificado y federal de casos de violencia policial para luego pensar en políticas que den respuesta y avanzar de manera urgente en crear este registro a través del Poder Ejecutivo o del Legislativo. También el Poder Ejecutivo puede establecer a través del Consejo Federal de Seguridad (Ministerio de Seguridad) o del Consejo Federal de Seguridad (a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos) lugares donde se pueden generar políticas coordinadas en cada jurisdicción para prevenir este tipo de casos y también luego dar respuesta.
La capacitación de las fuerzas de seguridad debe ser una política de Estado permanente en materia de derechos humanos y de estándares internacionales en cómo y cuándo se utiliza la fuerza.
La falta de tecnología para determinadas investigaciones como para las pericias sobre armas, así como falta de recursos para los poderes judiciales provinciales para medidas que siempre son urgentes.
Y con respecto a casos de desaparición forzada, hay una gran falencia del Estado argentino en tener un registro unificado de personas desaparecidas como Luciano Arruga por ejemplo. No hay un registro de personas desaparecidos por cualquier motivo y por eso no hay un cruce de datos entre todos los otros registros que están dispersos con búsquedas infructuosas. Es sólo el cruce de datos ya disponibles por eso no es complejo de implementar.
Y además establecer un mecanismo federal que centralice las investigaciones de búsquedas de personas como puede ser una Agencia de Búsqueda de Personas para intervenir en las provincias y en la parte federal. Y como dijimos, la rendición de cuentas para dar respuesta a los hechos de violencia para cumplir las obligaciones internacionales que tiene la Argentina.
Noelia Garone es abogada es egresada con honores de la UBA con orientación en Derecho Internacional Público y especializada en Derechos Humanos. Es candidata a Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Derecho Internacional Público (UBA) y de Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UNPAZ).
Participó en proyectos de investigación UBACyT y, actualmente, participa en un grupo de investigación de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Fue asesora legal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y trabajó en la Procuración General de la Nación, como integrante de una Fiscalía de Lesa Humanidad, investigando los crímenes cometidos durante el último terrorismo de Estado.
A su vez, fue coordinadora del área “Acción legal comunitaria” de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) trabajando en temas vinculados al acceso a la justicia de comunidades vulnerables. Desde julio de 2016 hasta finales del 2020 se desempeñaba como abogada en el Area de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina. Actualmente es la Directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
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