El lenguaje jurídico siempre fue uno de los principales señalamientos que se le hace a la justicia. Claro, muchas veces el nivel de tecnicismo utilizado es muy grande y aleja a quien no esté en el rubro a ser leído y comprendido. No es sencillo, en la mayoría de los casos, para quienes no tienen una educación formal lograr comprender sus propios fallos y sentencias. De esta forma es que nace el requerimiento de que la justicia empiece a manejar un lenguaje más entendible.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, y la vocal del Alto Cuerpo, Gisela Schumacher, dirigieron el primer encuentro de trabajo de lenguaje claro, realizado con el objetivo de imprimir y profundizar esa dinámica en los contenidos, textos, sentencias y resoluciones del Poder Judicial de la provincia.
Al respecto, la presidenta del tribunal brindó una entrevista a Tiempo Judicial en donde analizó la necesidad de hacer los escritos más entendibles, de respetar a quienes dependen o esperan sus resoluciones y ser conscientes de la distancia que existe entre ellos y una gran porción de la sociedad que no pudo acceder a una educación.
¿De qué trata el lenguaje jurídico accesible?
El lenguaje jurídico no es un lenguaje accesible a todas las personas, a la ciudadanía en general. Esto es una forma de garantizar a la ciudadanía el acceso al servicio de justicia. Creemos que tenemos que adecuar el lenguaje de nuestras resoluciones, de nuestras sentencias, porque muchas veces el lenguaje jurídico abusa de expresiones en latín, con fórmulas recurrentes, tenemos que evitar la cantidad de circunloquios que muchas veces utilizamos, destacar las frases más importantes, destacar lo más relevante de lo que el destinatario de esa pieza procesal debe o necesita conocer, entonces se trata de ajustar el lenguaje. Pero, esto no significa despreciar las reglas gramaticales ni las reglas del buen gusto.
¿Cómo se haría?
Tenemos que llevar adelante lo que se llama la ecología del lenguaje. La judicatura tiene que tener una nueva conciencia funcional, se trata de ajustar nuestro lenguaje al destinatario de nuestras sentencias, que muchas veces no saben ni leer ni escribir. Hay gente que vive en zonas rurales, que apenas sabe leer y escribir que son hacheros, que trabajan en el medio del monte, que toda su vida lo han hecho así, entonces no podemos nosotros utilizar un lenguaje que sea incomprensible para ellos. Hacer sentencias cortas, no puede ser que una sentencia tenga, como hace poco vi de una camarista, 47 hojas.
¿Quién lee 47 hojas? citando autores, doctrinas, jurisprudencia extranjera, cuando la persona lo que quiere saber es respecto de sus derechos, si se lo reconocen o no, si le van a dar la casa o se la van a quitar, si le van a dar los hijos o el régimen de visitas o de vinculación con sus hijos.
¿Sería medianamente sencilla hacer esta modificación en los escritos?
Nosotros decimos que escribir con sencillez es un deber que tenemos para facilitar el acceso a la justicia. Tenemos que hacer frases cortas, preferir lo simple a lo complejo, usar palabras familiares, concretas y evitar palabras innecesarias. En definitiva, tenemos que explicar la razón en que se funda nuestra resolución con claridad. Tenemos que escribir para expresar, no para impresionar. ¿A quién queremos impresionar? Ya lo dijo Jorge Luis Borges hace mucho tiempo: "El deber de cada uno es dar con su voz". Quienes tenemos el deber de explicar a la ciudadanía cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, tenemos una doble responsabilidad, porque somos en definitiva quienes estamos dirigiendo los destinos sociales.
¿Cómo fue tomada esta propuesta en el universo judicial?
En general se ha tomado muy bien esta iniciativa de utilizar un lenguaje claro. Yo siempre digo que quien quiere hacer academia, y está muy bien porque la academia es importante, que haga, pero que no la haga en la sentencia. Ahí, lo que tiene que decirle al justiciable es si tiene razón en lo que está pidiendo o no tiene razón. No solo es cuestión de decir en nuestra función desde el convencimiento personal, sino desde la responsabilidad social y mucho más cuando quien habla dirige los destinos de una persona y los destinos sociales.
¿De dónde surge esta propuesta?
Esta corriente de lenguaje claro, o este movimiento si se quiere, surgió desde cuando el doctor Germán Garabano estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y trabajó en lo que se llamaba Justicia 2020. En ese marco, es que nace este movimiento de lenguaje claro y hubo un observatorio también del lenguaje claro que se desarrolló en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y ahí algunos de nosotros comenzamos a trabajar en este tema. Además, por la realidad que nos toca vivir. En Entre Ríos tenemos un programa que se llama La Justicia va a los Barrios, que comenzó en el año 2004.
¿De qué trata?
Vamos a las zonas rurales, las menos favorecidas, y vemos gente que muchas veces no sabe leer ni escribir y ni siquiera tiene documento, Estamos hablando de hoy 2023, que muchas veces viene y dice "doctora, dónde pongo el dedo", porque no saben firmar. Entonces, cómo vamos a escribir una sentencia para esa persona utilizando citas doctrinarias en otros idiomas que no son los nuestros.
Quienes ejercemos el poder, y los jueces y las juezas ejercemos una cuota importante de poder, somos doblemente responsables por nosotros mismos y por los demás. Sobre todo, por los que menos tienen, por los que menos saben, por los que no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros de llegar a estudiar y que hemos llegado a los puestos de decisión.
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