El Tribunal Colegiado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño dictó la sentencia contra Adrián Rowek, ex profesor de Lengua de la Escuela N°23 de Villa Devoto, y lo condenó a 20 años de prisión por acosar y abusar sexualmente de ocho de sus alumnos menores de edad. La Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, dirigida por la fiscal Daniela Dupuy y dependiente de la Fiscalía General de la Ciudad a cargo de Juan Bautista Mahiques, fue la encargada de investigar el caso y solicitó inicialmente una condena de 40 años para Rowek.
El ex profesor de 50 años fue arrestado en mayo de 2020 en su domicilio en Villa Real, cuando fue sorprendido por la Policía de la Ciudad y efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) porteño junto a uno de sus alumnos de tan solo 14 años en su cama. Desde entonces, Rowek se encontraba bajo prisión preventiva.
El caso se inició en mayo de 2020, cuando la madre de un niño de 12 años, quien era alumno del imputado, descubrió mensajes de contenido sexual en el celular de su hijo enviados por el docente. Entre el material hallado, se encontraron fotografías que mostraban sus genitales, que fueron presentadas como pruebas en la causa.
La Fiscalía Especializada solicitó una orden de allanamiento y la detención del profesor, llevándose a cabo el operativo por parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal. El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, se pronunció sobre el caso y destacó la indignación ante la explotación de la vulnerabilidad de los menores de edad por parte del profesor, quien debía ser un referente y maestro para ellos.
Los registros previsionales revelaron que Rowek fue empleado del Gobierno porteño desde 2011 hasta su arresto en marzo de 2020, y también trabajó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) como preceptor en uno de los colegios secundarios dependientes de la institución, el Colegio Nacional Buenos Aires.
Aunque el juicio se centró en los delitos cometidos contra ocho víctimas menores de edad, la investigación permitió identificar a otras posibles víctimas, algunas de las cuales estuvieron involucradas en sucesos ocurridos durante los años '90. A pesar de que estos casos prescribieron, sus declaraciones fueron admitidas durante el debate por el derecho de ser escuchados y el llamado juicio a la verdad.
En sus redes sociales, el acusado -apodado "Pipi" o "Chicludo"- decía tener "más de 25 años de experiencia en la educación formal y no formal". También aclara que es "profesor de enseñanza primaria, especialista superior en tutorías del nivel medio, capacitador en el área de prácticas del lenguaje, técnico en recreación y tiempo libre y director de educación no formal". Y además asegura que es "animador de eventos" y "encargado de personal y asistente de dirección en empresa de eventos y catering".
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