La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de Sergio Claudio Cirigliano, en el marco de una causa en la que se investiga el pago de subsidios por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación a distintas empresas concesionarias del servicio ferroviario. El tribunal oral le otorgó una pena hasta septiembre de 2025. Su estado de salud empeoró en la cárcel y le dieron la prisión domiciliaria. Heredó una empresa familiar y con sus dos hermanos levantó un imperio.
Cirigliano, junto con su hermano Mario, era el dueño del Grupo Plaza, que llegó a ser una de las empresas de transportes más importantes del país. Y al momento de la Tragedia de Once era el titular de la empresa Trenes de Buenos Aires, la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento.
El empresario tiene condena de prisión hasta el 15 de septiembre de 2025, habiendo sido detenido el 5 de octubre de 2018 al ser considerado coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de “estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas” en dicha Tragedia.
El Juzgado Federal N° 8 procesó a Cirigliano por los mencionados delitos, pero ahora su defensa apeló esa decisión y la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó su procesamiento. Llegado el caso hasta el Máximo Tribunal, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo, por lo cual Cirigliano seguirá sometido a proceso.
El 22 de abril de 2021 fue beneficiado por la prisión domiciliaria a raíz de sus problemas de salud y dejó la cárcel de Ezeiza para mudarse a uno de sus departamentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la avenida Del Libertador, con su esposa como garante y bajo el control de una tobillera electrónica.
Cirigliano fue condenado junto a otros acusados al término de un juicio oral en 2015 pero recién quedó detenido en octubre de 2018, cuando la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia en la revisión de la pena, que se consideró ejecutable. El 24 de septiembre de 2020, el máximo tribunal rechazó las apelaciones y la pena quedó firme. Posteriormente, el empresario fue beneficiado con una reducción de pena y su castigo pasó de 9 a 7 años.
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