El pasado 15 de agosto inició el juicio oral y público contra contra cinco prefectos, integrantes del grupo Albatros, por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel ocurrido el 25 de noviembre de 2017 durante la represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
Los cinco efectivos del Grupo Albatros de Prefectura, en ese momento bajo las órdenes de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que están siendo enjuiciados por los hechos son: Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos. Están imputados como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa. Sólo uno es indicado como autor del asesinato del joven mapuche durante el desalojo y represión.
En las primeras audiencias se pudieron escuchar los testimonios de peritos que dieron cuenta sobre la persecución a los integrantes de la comunidad mapuche aquel día. Además destacaron que no se encontraron indicios de armas de fuego por parte de la comunidad, principal argumento defensivo de los prefectos que sostienen la versión de haber sido emboscados y atacados en la montaña.
En concreto se escucharon los testimonios de los peritos balísticos Roberto Nigris, Karina Uribe y Silvia Buffalini que declararon el pasado martes y miércoles. Las vainas servidas de proyectiles 9 milímetros que se encontraron durante la inspección ocular estaban dispersas en un trayecto "de cien metros en línea recta, unos doscientos metros por el sendero zigzagueante".
Los especialistas también confirmaron que no encontraron indicios de armas de fuego que no sean las de los prefectos imputados y que el tiro que mató a Rafael Nahuel fue de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Las declaraciones se dieron ante el Tribunal Oral Federal de General Roca, que lleva adelante el juicio.
El perito Nigris, que declaró por más de tres horas ante los jueces, contó que un día después del asesinato, el 26 de noviembre de 2017, fue convocado por el entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, para presenciar la autopsia, en la que se extraería el proyectil del cuerpo sin vida del joven mapuche.
Además cuestionó las pericias que realizó Gendarmeria a la orden del entonces gobierno macrista. Por su parte la perito Bufalini, tras una consulta de la querella, explicó que "según el peritaje de las armas, no hay tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad".
Otra de las declaraciones que se escucharon fueron las del médico forense Leonardo Saccomanno, que el 26 de noviembre de 2017 realizó la autopsia del cuerpo de Rafael. También fue claro con respecto al tiro que asesinó al joven mapuche y aseguró que por la trayectoria del proyectil el disparo se produjo "claramente" en posición de "huida" de la víctima.
En las audiencias anteriores del juicio, agentes de la Policía Federal que habían participado del operativo de desalojo de esa misma comunidad dos días antes de la muerte de Nahuel, narraron que miembros de la comunidad escaparon montaña arriba arrojando piedras.
Además quedó claro que en ningún momento fueron agredidos o vieron armas de fuego y que bajo ningún concepto correspondía utilizar armamento letal, por lo que ellos dispararon con escopetas no letales, como marcan los protocolos. Quedó en evidencia que la actitud de los imputados, dos días más tarde en condiciones similares, fue muy distinta.
Sin rastros de pólvora
Esta semana peritos de Gendarmería confirmaron que n el terreno no se encontraron rastros de pólvora que puedan vincularse a armas calibre 22. Lo que apunta a desmoronar la teoría del “enfrentamiento” que llevan como uno de los principales argumentos los prefectos.
Los peritos de la Gendarmería -al igual que la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis- explicaron con argumentos técnicos que la presencia de partículas compatibles con pólvora halladas en el cuerpo de Nahuel y en las manos de los dos jóvenes que bajaron su cuerpo desde la montaña pudo haberse producido por "transferencia" o "contaminación".
Serquis, durante una de las audiencias, detalló la tarea científica realizada oportunamente en el estudio sobre las muestras de manos y ropa que realizó el Departamento de Caracterización de Materiales, e indicó las múltiples formas en las que son posibles las transferencias de partículas.
Una nueva inspección ocular en la zona del crimen
El tribunal que lleva adelante el juicio ordenó esta semana la realización de una nueva inspección ocular en el lugar de los hechos con los cinco miembros de Prefectura acusados del asesinato. La decisión llegó después de un pedido planteado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, y se concretará en noviembre próximo. El objetivo es poder determinar el lugar exacto de los disparos que efectuaron los integrantes del grupo Albatros.
El pedido del fiscal, aceptado por los jueces, se produce porque se considera necesaria esa diligencia para "comprender detalles que surgieron de los testimonios". Los imputados estarán presente durante la inspección "para que den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos".
También serían parte de la diligencia dos testigos claves, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban junto a Nahuel cuando recibió el disparo, por lo que improvisaron una camilla para descenderlo hasta la ruta en búsqueda de atención médica.
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