Se realizaron las “Jornadas: XXV aniversario de la implementación del Sistema acusatorio en la Provincia de Buenos Aires (1998 - 2023)”, los días 6 y 7 en el Colegio de Abogados de San Isidro, organizadas de manera conjunta por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro (CMFSI), por la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS) y el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI).
Durante dos días, se llevaron a cabo diversas exposiciones que abordaron la actualidad y las múltiples facetas del Código Penal, así como los desafíos que este enfrentó y enfrenta. Entre los destacados expositores se encontraban el presidente del Colegio de Abogados de la provincia, Rodríguez Basalo, y el Defensor Oficial de La Matanza, Marcelo García.
Por su parte, Claudio Santagati, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, participó como orador y en diálogo con Tiempo Judicial explicó que le tocó “tratar temas relacionados con la defensa, tanto pública como privada”.
“Cada uno de nosotros compartió su perspectiva sobre las virtudes del Código y las áreas en las que podría mejorarse”, y señaló que “el sistema acusatorio desempeña un papel fundamental en la provincia de Buenos Aires, siendo una de las primeras en adoptarlo, allá por 1998. Esto se dio en concordancia con la incorporación de las dos reformas constitucionales, tanto a nivel nacional en 1994 como a nivel provincial en el mismo año. En ese contexto, se incorporaron y adoptaron internamente los tratados de derechos humanos”.
En esa línea, detalló que “el sistema acusatorio se caracteriza por asignar específicamente la función de juzgar al juez, mientras que las partes, la acusación y la defensa, adquieren un papel destacado dentro del sistema. El fiscal asume la acusación, y la defensa, obviamente, representa la contraparte de la Fiscalía”.
“Esta separación de funciones es de suma importancia, ya que garantiza la independencia de los jueces y divide las responsabilidades. Aparece la figura del juez de garantías, encargado de salvaguardar los derechos durante la investigación, mientras que otros jueces, no involucrados en la misma tarea, se encargan del juicio. Esto da lugar a la creación de tribunales orales y juzgados de correccionales para casos de su competencia”, enfatizó.
Además, Santagati remarcó que desde la perspectiva de la provincia, esto representa un avance en la adaptación de los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que se refieren a un juicio justo e imparcial, y en una serie de normativas que la provincia implementó en consonancia con estos principios”.
El referente del Poder Judicial de la provincia concluyó: “Además, se introdujeron mejoras como el sistema de juicio por jurado, que se implementó con el tiempo, y la figura del juez de ejecución, encargado de supervisar las condiciones de detención de los condenados. Estas y otras cuestiones contribuyen significativamente a fortalecer las garantías y derechos protegidos por la Constitución”.
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