El plenario del Consejo ayer sancionó a los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, con una multa del 50% del salario por única vez. El dictamen fue aprobado por la mayoría de los consejeros y consejeras, dieciséis votos a favor de sancionar a ambos jueces, y en contra sólo voto la consejera Jimena De La Torre. Mientras que los consejeros Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero votaron de manera afirmativa por sanción para Anzoátegui y negativo para Rizzi.

Rizzi y Anzoátegui fueron sancionados por “actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo”. Los jueces fueron denunciados ante el Consejo por desconocer la legalidad del derecho al aborto de una niña víctima de violación.

“La aplicación de una medida reparatoria para quien fue revictimizada y por los magistrados, constituye una forma de buscar disminuir los daños que esa acción causó”, dice el dictamen aprobado hoy por el plenario y que ordena que esa multa sea destinado a la niña y destaca que los magistrados denunciados poseen un “profundo desconocimiento en materia de género”.

“Manual de Salvajadas humanas”

Esa frase uso uno de los jueces denunciados ante el Consejo en una sentencia de septiembre de 2021 cuando el Tribunal debió resolver en dos causas por las que estaba imputado un hombre. Un homicidio y las violaciones reiteradas de su hermanastra. Aunque el tribunal condenó al acusado a 35 años de prisión, por homicidio simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, los magistrados expusieron sus “posturas” y desconocimiento contra el aborto legal seguro y gratuito.

 

Es que la niña quedó embarazada, producto de los abusos, y pidió interrumpir su embarazo, derecho que se le garantizó. En la sentencia el juez Anzoátegui dejó plasmada toda la ideología de los grupos más conservadores y antiderechos. Por ejemplo al “Protocolo para la atencion integral de las personas con derecho a la interrupcion legal del embarazo” lo denominó como un “manual de salvajadas inhumanas”.

No solo eso, además llamó “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos intervinientes en la ILE. Todo esto para terminar denunciando como delictiva toda acción tendiente a garantizar la ILE a la niña. También los jueces criticaron los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, particularmente el denominado fallo “F.A.L” al que consideraron “manifiestamente anticonstitucional, anti convencional y antilegal”, y contrario a la ley, a la Constitución Nacional y al “más elemental sentido de justicia”.

“Aceptar aquel criterio importaría tanto como la lisa y liana privación del derecho de defensa en juicio de los niños por nacer”, dijeron en aquella sentencia. Hoy fueron sancionados con una multa en su salario por única vez.