El Tribunal Oral Federal de Neuquén inició el juicio contra el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, quienes enfrentan cargos relacionados con su actuación en casos de habeas corpus y denuncias de secuestros e imposición de tormentos a 23 víctimas durante el período del terrorismo de Estado en Argentina.
El juicio es el primero a exfuncionarios judiciales en esa región. Abordará la actuación de los exmagistrados en el trámite de los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de las víctimas Orlando Cancio; Milton Gómez; Teresa Oliva; Enrique Esteban; José Delineo Méndez; Susana Mujica; Darío Altomaro; Alicia Pifarre; Josefa Leppori de Mujica; Miguel Ángel Pincheira; Javier Octavio Seminario Ramos; Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio; Raúl Esteban Radonich; Oscar Alfredo Ragni; Arlene Seguel; Carlos Chaves; César Dante Giliberto; Mirta Felisa Tronelli; Cecilia Vecchi; Lucio Espíndola; y Carlos Schedan.
Quince de las víctimas se encuentran desaparecidas. Entre ellas, Graciela Romero, Raúl Eugenio Metz y el hijo de ambos, nacido en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, de Bahía Blanca.
El juicio estará a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de esa jurisdicción, bajo la supervisión del fiscal general Miguel Palazzani. La audiencia de apertura está programada para el hoy y el 17 de noviembre, y continuará el 4 y 15 de diciembre.
Los funcionarios
Pedro Laurentino Duarte ocupó el cargo de juez en el Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén desde el 2 de agosto de 1976 hasta el 30 de septiembre de 1984. Por su parte, Víctor Marcelo Ortiz se desempeñó como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante ese órgano judicial desde el 23 de septiembre de 1976 hasta el 1° de abril de 1985. Antes de asumir estas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz se desempeñó como secretario del juzgado federal.
Ambos exfuncionarios enfrentan acusaciones de omisión de promover la persecución penal y de participación secundaria en privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público y agravada por el uso de violencia, así como por la condición de la víctima como perseguido político. Además, Duarte enfrenta una acusación adicional por el delito de prevaricato, que castiga al juez que emite resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos.
La fiscalía alega que Duarte y Ortiz contribuyeron a la ejecución de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, persecución por motivos políticos y desapariciones forzadas o asesinatos cometidos por las fuerzas armadas y policiales durante la dictadura. Según el fiscal Palazzani, sus acciones y omisiones como funcionarios públicos constituyeron un incumplimiento de sus deberes, ya que tenían la obligación de proteger a las víctimas frente a las violaciones de los derechos humanos, pero en cambio, no promovieron la persecución de los delitos y justificaron muchos de ellos mediante resoluciones basadas en hechos falsos.
Las víctimas
El juicio se centrará en la actuación de los exmagistrados en los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de las víctimas, que incluyen los nombres de Orlando Cancio, Milton Gómez, Teresa Oliva, Enrique Esteban, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Pifarre, Josefa Leppori de Mujica, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos nacido en cautiverio, Raúl Esteban Radonich, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, Carlos Chaves, César Dante Giliberto, Mirta Felisa Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.
Quince de las víctimas siguen desaparecidas, incluyendo a Graciela Romero, Raúl Eugenio Metz y el hijo de ambos, nacido en el centro clandestino de detención y tortura "La Escuelita" en Bahía Blanca. Este juicio representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina y marca el primer proceso legal contra exfuncionarios judiciales en la región de Neuquén.
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