Un hombre fue sentenciado a dos años y ocho meses de prisión condicional por violar una orden de acercamiento, con el agravante de no cumplir con la cuota de alimentos estipulada para sus cinco hijos. La jueza que emitió la resolución buscó no solo sancionar al infractor sino también generar conciencia sobre la violencia de género, ya que deberá realizar una capacitación sobre los derechos de la mujer.

En el marco de la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenaza, el Tribunal Oral Penal de Corrientes tomó en consideración del pedido del fiscal del juicio, que propuso una medida educativa poco convencional pero innovadora: obligar al condenado a asistir a una charla organizada por la Asociación COETI sobre "Derechos Humanos de las Mujeres". La intención, manifestaron desde el Poder Judicial, fue la de sensibilizar al acusado, prevenir la repetición de delitos y proteger a la madre de sus hijos.

El Tribunal, compuesto por Raúl Juan Carlos Guerín, Ana del Carmen Figueredo y Juan José Cochia, respaldó la propuesta del fiscal al subrayar la importancia de priorizar los derechos de la mujer en situaciones de violencia de género. Destacaron que escuchar a la víctima es fundamental para evitar perpetuar su vulnerabilidad frente al Estado.

 

 

La capacitación se llevó a cabo el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNNE. Esta iniciativa busca no solo impartir conocimientos sino también fomentar un cambio de actitud en el condenado.

Además de la charla educativa, la sentencia también impone al hombre la obligación de someterse a un tratamiento psicológico, el cual buscará proporcionarle herramientas para mejorar aspectos negativos de su personalidad y garantizar el cumplimiento de la cuota de alimentos establecida para sus hijos.

Este es uno de los tantos casos que tienen una resolución en línea con la importancia de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral, combinando medidas punitivas con acciones educativas y terapéuticas. La decisión del Tribunal, explicaron, reflejó un enfoque que busca no solo castigar al infractor, sino también promover cambios positivos en su comportamiento y conciencia.