La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición de ex combatientes de la guerra de Malvinas para que se investiguen las torturas a soldados ocurridas durante el conflicto bélico. “No vamos a parar hasta que se evalué la responsabilidad del Estado por sostener la impunidad respecto a las torturas”, dijo a Tiempo Judicial el abogado de los ex combatientes Jerónimo Guerrero Iraola.
La comunicación oficial está fechada el pasado 6 de diciembre, ese día los integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata se enteraron que la CIDH declaró admisible el caso. El reclamo comenzó hace 8 años por las torturas sufridas por los soldados.
Entre las vejaciones que cuentan casi 200 ex combatientes se incluyen estaqueamientos; enterramientos de soldados desnudos hasta el cuello; obligación a soldados a sumergirse desnudos en agua helada; aplicación de picana 13 con teléfonos de campaña; golpizas y prácticas de tormentos; amenazas con armas de fuego (abuso de armas, incluso en algunos casos con disparos incluidos); entre otras.
“Desde CECIM La Plata consideramos que es un paso importantísimo, no vamos a parar hasta que se evalué la responsabilidad del Estado por sostener la impunidad respecto a las torturas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas a colimbas durante la guerra de Malvinas”, explica Guerrero Iraola tras conocer la noticia.
Y agrega que la decisión de la Comisión “es un paso importantísimo que nos brinda un horizonte interesante para hacer esa evaluación y, obviamente, para revitalizar una causa que lleva muchos años de trámite en nuestro país”. “Podemos sostener que el Poder Judicial de la Nación está violando los derechos humanos de los soldados conscriptos”, concluye.
Durante la guerra de Malvinas, de la que este año se cumplieron 41 años de su finalización, murieron 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños al cabo de 72 días de combates. Ahora, tanto desde el CECIM como desde el Estado Argentino se abre un periodo en el que pueden “presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo”.
El análisis del caso lo lleva adelante el organismo internacional, con sede en Washington, y se puede dar diversas situaciones que van desde un acuerdo de solución amistosa (que implicaría el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado Argentino), el archivo, o que se realice un informe de fondo y que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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