La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, junto a la jueza Angela Ledesma, ratificó las condenas emitidas en 2022 contra Delfín Reinaldo Castedo y otros seis individuos, quienes habían sido hallados culpables de formar parte de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y condenados a 16 años de prisión, lo que marcó un hito importante contra el crimen organizado.
Las sentencias, pronunciadas por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Juárez, y la jueza Marta Liliana Snopek en diciembre de 2022, condenaron a Delfín Reinaldo Castedo a 16 años de prisión por liderar la mencionada asociación ilícita. Además, enfrentó cargos relacionados con la falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, lo que agravó su situación.
Raúl Amadeo Castedo, hermano de Delfín, y el martillero público Eduardo Torino fueron sentenciados a nueve años de prisión por ser miembros de la misma asociación ilícita. Por su parte, los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi, también recibieron, ellas fueron de siete años por los mismos cargos. La ex esposa de Delfín, Melba del Carmen Araujo, fue condenada por conplice a cinco años de prisión.
En el caso de Mario Alberto Yudi, hijo de Alberto, fue condenado a tres años de prisión por lavado de activos, pero absuelto de la acusación de ser miembro de la organización debido a dudas razonables presentadas por su defensa y que la fiscalía no pudo verificar. Además de las penas de prisión, se impusieron multas, que oscilan entre $90,000 y $1,200,000, a todos los condenados.
La causa
La investigación, liderada por los fiscales Diego Iglesias y Eduardo Villalba de la PROCUNAR NOA, se inició tras la detención de Delfín Castedo en 2016. La organización criminal liderada por Castedo se dedicaba al tráfico de estupefacientes, principalmente desde Bolivia hacia Argentina. La trama criminal involucraba la explotación de fincas estratégicamente ubicadas en la frontera entre ambos países.
La sentencia destaca la participación de Ernesto Aparicio, un ex diputado provincial fallecido, propietario de una de las fincas vinculadas a la organización. Además, resalta la estructura organizativa basada en la lealtad familiar y la acumulación de bienes y dinero derivados de las actividades ilícitas de Castedo.
La resolución de la Cámara Federal de Casación también aborda el decomiso de bienes, revocando la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta que había rechazado el decomiso de un tractor y siete topadoras valuadas en 1.75 millones de dólares. La Cámara destaca la importancia de cumplir con los compromisos internacionales para el decomiso de bienes vinculados a actividades ilícitas.
Este fallo de Casación refuerza el impacto de la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, y se subrayó la necesidad de desmantelar estas estructuras y confiscar sus activos ilícitos. El veredicto sienta un precedente significativo en la lucha contra el crimen transnacional en la región.
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