Casal: "La implementación del sistema acusatorio es el gran desafío"

En un hito para la región, el procurador Eduardo Casal fue seleccionado de forma unánime como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para el período 2024-2026. Este nombramiento tuvo lugar durante la 31° Asamblea de la AIAMP, celebrada en Santiago de Chile bajo el lema "Profundizar la cooperación contra el crimen transnacional".

La AIAMP, una entidad que congrega a los Ministerios Públicos de Iberoamérica, fue fundada en 1954 como la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos, expandiéndose posteriormente con la inclusión de España y Portugal, pasando a denominarse AIAMP. Actualmente, la entidad cuenta con la participación de 22 Ministerios Públicos y/o Fiscalías de Iberoamérica, representando a países como Argentina, Brasil, España y México, entre otros.

En este sentido, en una entrevista con un diario nacional, Casal opinó sobre las vacantes en el Poder Judicial, la narcocriminalidad y el Decreto de Necesidad y Urgencia enviado al Congreso, la implementación del Código Procesal Penal Federal en todo el país, las vacantes en la Justicia y el rol de la Corte Suprema y su cantidad de integrantes.

Enfoque de Eduardo Casal durante su mandato

Durante su liderazgo en la AIAMP, Casal afirmó que se enfocará en fortalecer la cooperación entre los Ministerios Públicos de la región y en desarrollar nuevas estrategias para investigar el crimen organizado transnacional, abordando delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la corrupción. Además, se comprometió a defender la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos, así como a garantizar la protección de las víctimas, testigos y fiscales involucrados en las investigaciones.

En una entrevista, Casal, en su papel de Procurador General de la Nación en carácter interino, destacó la importancia de los mecanismos institucionales y el valor del diálogo en su enfoque hacia la justicia y resaltó la necesidad de trabajar coordinadamente con todas las autoridades en beneficio de las instituciones y del país. 

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Ministerio Público Fiscal es la implementación del sistema acusatorio, subrayó Casal, y señaló que este proceso requiere la colaboración de todos los actores del sistema de justicia, así como de organizaciones vinculadas a la administración de justicia.

"En Salta y Jujuy está el sistema acusatorio y se ha reducido en cuatro veces el tiempo de duración de los procesos", remarcó y agregó que "allí faltan recursos también, se necesitan más fiscales y avanzar con el acusatorio en el resto de las provincias y lógicamente cada jurisdicción tiene sus particularidades, sus temas de frontera, la litigiosidad que presenten".

En cuanto al narcotráfico, problemática que creció en los últimos años, destacó que "es un fenómeno general, la criminalidad se va extendiendo, obviamente sí registramos un incremento es porque también lo estamos descubriendo", y afirmó que "obviamente, la coordinación -entre el poder político y judicial- siempre favorece".

Casal opinó, con respecto al 30% de cargos vacantes en el MPF, que "concierne al Poder Legislativo en el Senado, al Poder Ejecutivo a mandar las ternas", pero explicó que " hay algo evidentemente que nos toca a nosotros, como los concursos. Veníamos con cargos vacantes pero se precipitaron en 2020, hubo un quiebre ahí, el número creció un montón cuando tocaron la ley de jubilaciones. Tuvimos como veinticinco vacantes de golpe. En la fecha tenemos varios concursos en trámite y ternas ya enviadas al Ejecutivo".

En ese tono, analizó sobre el DNU que había enviado Javier Milei al Congreso y la posible judicialización posterior que "por un lado, el DNU está sometido al control del Congreso -procedimiento que está en curso- y por otro lado están los planteos de índole jurisdiccional, que serán analizados en su debido momento".

"Le toca al Congreso analizar el DNU y al Poder Judicial también, frente a los reclamos concretos como cuando hay un reclamo con respecto a la constitucionalidad de una ley. El Congreso es un control político y el Poder Judicial se expide sobre los puntos concretos de agravio que puede haber", concluyó.

Por último, sobre su rol como interino hace 6 años, explicó que "es un poco difícil de decirlo precisamente desde este lugar, porque uno está en el en el foco de la tormenta. Diría que no es normal. Yo siempre tengo confianza en que los mecanismos institucionales tienen que funcionar y que lo van a hacer del mejor modo posible. De todas maneras yo estoy ocupando el cargo transitoriamente, por esa circunstancia y por una disposición legal que lo prevé: no hay alteración institucional. Sí es cierto que nunca antes una situación así se había prolongado tanto. Lo deseable es que se logren los consensos y los acuerdos necesarios para la designación de un titular efectivo, por supuesto".

Corte Suprema

Sobre el número de integrantes de la Corte Suprema, Casal explicó que “tiene que tener un número de jueces que permita un adecuado funcionamiento como tribunal y que refleje o vaya reflejando las corrientes de pensamiento jurídico”.

“A lo largo de la historia hemos visto que ha mutado entre cinco, siete o nueve. Entiendo que también el otro criterio que no puede regir es si a la política le gustan los fallos o no. Eso no es bueno, andar modificando así no tiene que ver con la estabilidad de las instituciones. Un dato importante que se toma en cuenta en los organismos internacionales para evaluar la situación de un país con respecto a la corrupción es la fortaleza y estabilidad de sus instituciones”, finalizó el actual procurador general.