Los cambios que anunció que el Gobierno Nacional propondrá cambios en la Ley Nacional de Educación (Ley 26.206), con el objetivo de denunciar e impedir el "adoctrinamiento ideológico" de los docentes en las aulas. Hizo alusión a la modificación de los artículos 11 y 126 de dicha ley pero también afirmó que el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de crear un canal para que los padres y estudiantes puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política2 de las/os docentes. Esta noticia ha impactado en los conjuntos docentes y en la sociedad en general.
Desde la RIIDE y la sala de Derecho Educativo, no queremos dejar de aportar ideas para el debate social y político sobre este tema. En primer lugar la pregunta que se nos presenta es qué se entiende por 'adoctrinamiento', cómo se hace, qué implica. Etimológicamente hablando es la “acción y efecto de adoctrinar”, y 'adoctrinar' es: “Inculcar a alguien determinadas ideas o creencias” de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (Real Academia Española, 2021).
Partiendo de este concepto, el adoctrinamiento trata de aislar a las personas, psicológica o socialmente, desacreditando otros criterios de juicios o modos de pensar que difieren del suyo. Existen varios tipos de adoctrinamiento que son claramente visibles: el religioso, el político y los nacionalismos, de los que da cuenta la historia con graves consecuencias para la humanidad como fue el nacionalsocialismo de Hitler.
Pensamos que la educación debe ofrecer elementos de racionalidad a las/os estudiantes con el propósito de que, a partir de ellos, cada uno genere sus propios criterios y opiniones; esto es lo que llamamos el espíritu crítico, que se distancia del adoctrinamiento en cuanto este último transmite posturas ideológicas para que sean absorbidas pasivamente por otros. Porque se basa en transmitir una doctrina a una persona para que la haga propia, compuesta por ideas y creencias que son defendidas por un individuo o por un conjunto de personas con fines determinados.
El adoctrinamiento viene de fuera, por influencia externa, así la cultura, las ideologías, la familia, el círculo social y las influencias mediáticas influyen en las personas y pueden llegar a adoctrinar. En las aulas, el adoctrinamiento se daría cuando un profesor/a intentara persuadir sistemáticamente a sus alumnos de la validez de un sistema de creencias concreto y además (The Hastings Center, 1980: 59), descartando de manera radical la posibilidad de aceptar otros sistemas de ideas o creencias.
En nuestra Constitución Nacional en el Art. 14 se reconoce la libertad de enseñar y aprender como un derecho fundamental, esto ha implicado el derecho a la libertad de cátedra en las universidades nacionales promovido por la reforma Universitaria de 1918. La libertad académica o libertad de cátedra es el derecho a la libertad que corresponde a las/os estudiantes y profesores para poder aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento, sin sufrir presiones económicas, políticas o de otro tipo por ello.
La segunda pregunta que se nos viene es ¿Cómo se puede educar para pensar de manera libre si se limita el derecho de enseñar? ¿Cómo podemos esperar que las/os estudiantes formen criterio propio y consoliden su punto de vista personal si se enseña a partir del temor y de lo que se considera válido y por tanto verdadero?. Aprender a pensar es, en sí mismo, un acto de libertad, que no es posible cuando se sujetan las ideas y se les da breves espacios para subsistir, las escuelas deben promover que sus estudiantes se comprometan en el estudio por interés en la búsqueda de sus propias respuestas y no para memorizar las mejores determinadas por los expertos. Esto que parece simple, realmente no lo es, educar en el pensamiento crítico no sólo necesita libertad, requiere que el estudiante sea el protagonista del proceso y mientras la enseñanza se base en formar estudiantes de respuestas aprendidas, el protagonismo y control lo tienen las/os adultas/os.
La educación no tiene que pretender estudiantes de respuestas inmediatas, porque eso no implica que en su adquisición se involucraron procesos de pensamiento complejo como el análisis, la síntesis y la evaluación, pero en verdad, hay pocas oportunidades de que ello suceda, habría que cambiar los esquemas de evaluación, reemplazar los exámenes por exposiciones, pero en realidad gran parte de la queja social se basa en el añejo diseño descriptivo-instruccional que termina desanimando las iniciativas reales de las/os estudiantes.
Quizás sea el momento de pensar que menos es más, y enfocar las energías de niñas/os y jóvenes en la realización de retos cognitivos, que consideren habilidades básicas y superiores de pensamiento y les guíen en la generación de sus propias conclusiones, las que podrían discutirse en el aula, favorecidos por docentes que promuevan el pensamiento, el diálogo y la construcción colectiva.
Posiblemente, siguiendo a Claudia Sancho, tengamos que desprendernos un poco del currículo “formal y repensarlo, re imaginarlo y desarrollar una nueva versión en la operatividad, que conecte de manera real con las necesidades e intereses de quienes asisten a las aulas, que sea parte del discurso y estilo de un/a docente que motive, estimule y esté dispuesto a escuchar sin descalificar diferentes interpretaciones e ideas de un contenido, que se cuestionen las verdades únicas y que se abran caminos a la exploración, discusión y conclusiones propias”.
Es especialmente cuando nos encontramos en una realidad tan cambiante como la actual donde no podemos ni debemos seguir perpetuando en las escuelas la formación de estudiantes robots, sino que debemos promover estudiantes de respuestas posibles, múltiples y diversas “que abran caminos en la solución de problemas actuales con estrategias aún no pensadas, con emprendimientos propios de las formas de pensar independientes. Esa sería la idea de una escuela que eduque el pensamiento crítico para la libertad”.
En conclusión la amenaza de perseguir docentes desde dispositivos creados solo a ese efecto, es a todas luces un impulso insensato, que no responde a los estándares internacionales de derechos humanos en materia educativa. Por el contrario, se contradice con el conjunto de instrumentos jurídicos que establecen obligaciones internacionales a las que están sujetos los Estados en materia de derechos humanos y que precisan el alcance y contenido de dichas obligaciones.
Romper con esos compromisos, con la modificación planteada desde el Poder Ejecutivo, implicaría aislar a la Argentina de la red mundial de organizaciones que como la UNESCO postulan por sobre todo la libertad para enseñar y para aprender. En todo caso si se trata de repensar la educación debería llamarse a un congreso pedagógico nacional que garantice la participación real y efectiva de estudiantes, docentes y no docentes.
1 Presidenta de la RIIDE Argentina (Red Internacional de Investigación del Derecho Educativo) y Directora de la Sala de Derecho Educativo del Colegio de Abogados de Córdoba.
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