La lista de personas condenadas incluye a la expolicía Mirta Graciela Antón y a sus colegas Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Raúl Alejandro Contrera y Juan Eduardo Ramón Molina, integrantes del Departamento de Informaciones Policiales.
Los acusados y las acusadas llegaron a debate por hechos cometidos en perjuicio de catorce víctimas, que incluyeron privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso sexual y desaparición forzada de personas seguida de muerte.
El Ministerio Publico Fiscal estuvo representado por el fiscal Carlos Gonella y los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo. Por otra parte, los jueces Julián Falcucci y Fabián Asís y la jueza y Noel Costa dictaron la absolución de una ex funcionaria judicial y de una civil que habían sido elevadas a juicio acusadas de supresión y alteración de estado civil, sustracción de una persona menor de diez años, prevaricato de auxiliares de la justicia, falsedad ideológica y falso testimonio, informó el sitio del MPF Fiscales.gob.ar.
Los detalles de las penas
Por unanimidad, el tribunal condenó a prisión perpetua a Yanicelli y Jabour -en el rol de coautores- y a Molina -como autor por dominio funcional- de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada, por tratarse de un funcionario público, uso de violencia, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas", todos en concurso real en perjuicio de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos.
Por su parte, Antón recibió una pena de quince años al ser hallada autora de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada, por tratarse de una funcionaria pública y por el uso de violencia, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos agravados", en cinco hechos en concurso real. En el caso de Contrera, la pena fue de siete años al ser señalado como partícipe secundario del delito de tormentos agravado en perjuicio de Bazán.
Al mismo tiempo, el TOF decidió absolver parcial o completamente a algunos de los imputados, en discrepancia con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal durante su alegato. Contrera fue absuelto por los delitos de "privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado", mientras que la exasesora de menores Ana María Rigutto de Oliva Otero y la civil Adela María González fueron absueltas luego de haber sido señaladas por el falso testimonio que permitió la inscripción de una niña como hija de dos personas que no eran sus progenitoras. Al respecto de estas circunstancias, la fiscalía adelantó que aguardará a la difusión de los fundamentos para evaluar si recurrirá la sentencia.
Los crímenes durante la última dictadura militar
Según la investigación, Antón, quien se desempeñó en el Departamento de Informaciones Policiales (D-2) durante varios períodos entre 1974 y 1984, enfrenta la acusación de haber participado en cinco hechos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados. La fiscalía afirmó que las víctimas eran mujeres con familiares detenidos en la Unidad Penitenciaria N° 1, donde se implementó un régimen diferenciado para prisioneros políticos.
Durante su tiempo en el D-2, Antón habría sido testigo y participante en sesiones de tortura y maltrato a las víctimas, con el objetivo de obtener información y satisfacer sus propios deseos sexuales. Uno de los testimonios presentados durante el juicio identificó a Antón como una de las personas presentes durante las torturas, corroborando su participación en los crímenes.
Por otro lado, Yanicelli, Jabour, Contrera y Molina enfrentan acusaciones relacionadas con el secuestro, tortura y posterior asesinato de Juan Carlos Bazán y su primo Elías Humberto Ríos. Según la acusación, estos hechos ocurrieron en agosto de 1979, cuando las víctimas fueron detenidas por personal del D-2 y sometidas a condiciones extremas antes de su desaparición.
El alegato fiscal también incluyó un caso en el que personal no identificado del D-2 habría irrumpido en una vivienda y detenido a cinco personas, quienes fueron luego torturadas y asesinadas. Aunque no hay acusados vivos en este caso, la fiscalía solicitó al tribunal que se pronuncie sobre el derecho a la verdad de las víctimas.
Otro hecho abordado en el juicio involucra el caso de María Mercedes Moreno, cuya hija fue sustraída de ella tras su detención. Un matrimonio, con la complicidad de Adela María González, falsificó documentos para adoptar a la niña ilegalmente. Sin embargo, en 2012, un examen de ADN confirmó el vínculo biológico entre Moreno y su hija.
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