Luego de que el gobierno de Venezuela emitiera órdenes de detención contra funcionarios, jueces y fiscales argentinos por su actuación en causas judiciales relacionadas con Caracas, desde la Justicia expresaron su rechazo.
Lo hicieron tanto la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) como la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).
Desde la FLAM, presidida por el juez argentino Marcelo Gallo Tagle, indicaron: "Los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos".
Y agregaron: "Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes".
El lunes pasado, el Ministerio Público Fiscal de Venezuela ordenó la detención de 16 argentinos por el caso del avión que estuvo retenido en Ezeiza.
Lo anunció este lunes el fiscal Tarek William Saab, quien ya había pedido la detención de Javier Milei.
Entre políticos y funcionarios, aparecían mencionados los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias, el legislador porteño Yamil Santoro, la ex integrante de la UIF, María Eugenia Talerico y el abogado Leonardo Camicher, entre otros.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la independencia judicial debe ser garantizada por los Estados ´tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico", señalaron desde la FLAM.
En sintonía, AFFUN, presidida por fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos repudió la decisión de Saab ya que "descalificó de manera grosera y agresiva-entre otras- a las instituciones judiciales argentinas, lo que constituye una injerencia indebida a los principios de la soberanía de los estados".
"Aparecen como totalmente irregulares las capturas internacionales y las alertas rojas supuestamente solicitadas por el Fiscal General de Venezuela en contra de los magistrados judiciales, ya que se fundamentan en cuestionamientos a su actuación funcional en procesos judiciales tramitados o en trámite en nuestro país", añadieron.
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