A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE e ILE), el Estado nacional no entregó ningún medicamento para cumplir con la norma desde diciembre de 2023, según un informe de Amnistía Internacional.
La ausencia de mifepristona y misoprostol obligó a las provincias a comprar los insumos por su cuenta y dejó a muchas personas sin acceso seguro a un aborto legal.
En 2024 se registraron 79.186 interrupciones, frente a 107.505 en 2023. La ONG reportó que las denuncias por barreras de acceso se triplicaron y que casi el 60% de las consultas corresponden a “falta de información sobre dónde y cómo acceder a un aborto”.
Entre los casos que relevó la organización está el de “María”, de Misiones: “Tras enterarse de su embarazo, María decidió interrumpirlo. Acudió al hospital de su localidad, donde no recibió respuesta”.
El informe señala que la suspensión de la provisión de medicamentos y la ausencia de campañas de información coincidieron con una caída en la entrega de anticonceptivos y preservativos, lo que evidencia un retroceso en la garantía de derechos reproductivos.
Por su parte, el Proyecto Mirar advierte que esta decisión “enfrentó a las jurisdicciones” y afectó la previsibilidad de la provisión, aunque “casi todas las provincias realizaron compras de medicamentos para sostener los servicios acorde a protocolos y guías”.
Buenos Aires lideró los procedimientos en 2024 con 42.360 interrupciones, seguida de Santa Fe, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires y Salta. Provincias como Formosa, Tierra del Fuego, Jujuy y La Pampa registraron menos de 400 casos cada una. La falta de coordinación y recursos por parte del Estado deja al sistema de salud fragmentado y al derecho a decidir en manos de cada provincia.
Comentarios recientes