Un ex magistrado fue procesado por otro en un contexto donde se reveló la complicidad del Poder Judicial durante la dictadura militar argentina en la víspera del 24-M.
Los imputados e imputadas comparecieron ante el tribunal por delitos perpetrados en detrimento de catorce víctimas, entre los que se encuentran la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos, el abuso sexual, el homicidio, la supresión de identidad, la alteración de estado civil, la sustracción de una niña menor de diez años, el prevaricato de auxiliares de la justicia y la falsedad documental.
La cifra es menor a años anteriores donde las condiciones de detención varían según el servicio penitenciario que controla a los detenidos.
El Tribunal Oral Federal N°6 porteño consideró probada la participación necesaria del acusado en la sustracción de una persona menor de 10 años y su coautoría en la posterior retención y ocultamiento. Declaró que los hechos configuran delitos de lesa humanidad y que configuraron violencia de género, violencia contras las mujeres y parto deshumanizado.
Se realizó una audiencia en la Justicia en la cual se pidió por la reapertura de la investigación sobre el decso del joven el 1 de agosto de 2017.
A partir de este fallo dictado por la CSJN, Casación deberá dictar una nueva resolución sobre la sobrepoblación carcelaria en el penal del sur del país.
Los acusados son ex miembros de servicios de Inteligencia de la Policía de Córdoba con condenas previas e implicadas por la presunta apropiación de la nieta 107.
La sentencia ordena también un plan de trabajo para que el EAAF continúe con las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de fosas comunes de las víctimas.
El proyecto "ómnibus" reforma el Código Penal sobre el accionar de los efectivos de las tres fuerzas de seguridad. La legítima defensa en debate.
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