Una decisión letal de la justicia tucumana había dejado libre, meses antes al crimen, a Felipe Sosa, denunciado previamente por su ex pareja, Florencia López Osa, por violencia de género y amenazas.
Santiago Barreto reveló que su hermana fue hallada muerta en Los Ángeles a pocas cuadras de su departamento y pidió colaboración para repatriar el cuerpo a Argentina.
La joven de 28 años era buscada intensamente desde el 21 de enero; su familia y la policía de Los Ángeles habían iniciado un operativo luego de que su familia perdiera contacto con ella.
El colectivo había pedido embargar la indemnización para garantizar la reparación de 19 mujeres que denunciaron acoso sexual, pero la empresa estatal cerró un acuerdo extrajudicial con el periodista antes de que fallara la Corte Suprema.
La expareja de Felipe Sosa, señalado por el femicidio de Erika Antonella Álvarez, cuestionó la actuación del la Justicia tucumana y reclamó medidas de protección urgentes para ella y sus hijas.
El asesinato de Érika Álvarez sacudió los muros del silencio tucumano y encendió alarmas en todo el país. Dudas sobre la calificación del crimen, vínculos con el poder judicial y una investigación que avanza entre omisiones.
La decisión del juez José Augusto Páez Almonacid fue cuestionada tanto por especialistas, ONG's de derechos de las mujeres y la querella, que aseguró que varias pruebas clave no fueron consideradas y adelantó que recurrirá el fallo ante instancias superiores. "La Justicia es muy machista, no puede ser un precedente para que las mujeres no denunciemos", señaló la denunciante.
La actriz fue trasladada a un sanatorio de Pilar tras un ataque de su pareja, Luis Cavanagh. La Fiscalía intervino para tomar testimonio y avanzar con la denuncia.
La sentencia se dictó por abusos cometidos contra dos víctimas; el caso impulsó que otras mujeres denunciaran hechos similares y provocó reformas en clubes de vela para proteger a los menores.
Comentarios recientes