El relevamiento del MPF apunta a construir herramientas para la prevención de las distintas problemáticas que aquejan y perjudican a un colectivo invisibilizado desde siempre.
La Suprema Corte bonaerense empezó el recorrido para que haya un cupo laboral trans en el Poder Judicial a través de un registro de aspirantes.
Así lo aseguró Estela Díaz al presentar el informe anual de la Línea 144 que atiende denuncias por violencia de género.
La Justicia cordobesa condenó a un hombre a pagar 18 millones pesos a su ex mujer por los daños derivados de la violencia económica que le ocasionó en 17 años de convivencia donde también sufrió agresiones físicas.
El juez Sebastián Monjo aceptó el cambio de apellido de un niño tras el pedido de su madre por considerar que “llevar el apellido de su padre le generó un agravio en su ámbito social y educativo”. Su padre está condenado por femicidio.
La jura de la jueza Karina Andrade es el puntapié para que el género femenino rompa el llamado "techo de cristal" en cargos de alta responsabilidad en la Justicia porteña.
El registro bonaerense constituirá un insumo fundamental para la elaboración de estadísticas y la construcción de políticas públicas centradas en la prevención, abordaje y erradicación de las violencias por razones de género.
El Ministerio Público Fiscal de la provincia sureña hoy en día hay 4 de 7 direcciones a cargo de mujeres "fiscalas".
El informe de la Corte relevó un total de 247 procesos judiciales por el delito de "femicidio directo" donde el 84 % continúan en trámite y hubo pocas sentencias firmes de las causas relevadas.
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