La medida busca agilizar el tratamiento que recibe un niño con discapacidad en su obra social. El caso nació en el 2015 y hubo por parte de la empresa varios desentendimientos a las órdenes de la justicia.
La cifra proviene de un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas realizado en 57 países.
El máximo tribunal recordó que “está despenalizado el cultivo de cannabis con fines medicinales por parte de las madres de los menores” que lo necesitaran, y que el registro existente es un control estatal “razonable”.
Entre las propuestas, se destaca la creación de un instituto que analizará los resultados, y la gestión de la aplicación de la política.
La denuncia se encuadró en el reconocimiento a la Ley de Género. La obra social debió acatar la orden en tres días y realizar la operación.
Se le había cobrado un 800% de aumento en la cuota, dejándola cerca de los $76 mil pesos por mes. La justicia fallo en favor de Quilmey Ramos.
La profesional fue condenada por la realización del procedimiento con impericia, según determinó la justicia. Le realizó una punción y un drenaje pleural a un nene y agravó su cuadro clínico.
Madres nucleadas en una asociación civil llegaron a la Corte Suprema para pedir por sus hijos, que mejoran su calidad de vida utilizando aceite de cannabis.
La obra social, según la justicia, puso obstáculos ante el pedido de la mujer de que se cubra el 100 por ciento del tratamiento.
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