Así lo resolvió el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a partir de un requerimiento formulado por el fiscal federal Agustín Chit. Según la investigación, el imputado habría solicitado entre 80 mil y 100 mil dólares para intervenir en favor de una persona involucrada en una causa penal y se habría valido para ello de su vínculo con integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones tucumana. También fue procesado por presunta violación de medios de prueba tras la eliminación de aplicaciones de mensajería de su teléfono celular durante un procedimiento.