La Cámara del Crimen provincia inició esta semana un proceso en el cual se juzgará a un paciente de HIV acusado de haber trasmitido el virus a una mujer con la que tuvo una relación en 2012. Lo demandó por enfermarla "intencionalmente". Por este caso, el hombre enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión bajo la figura de "lesiones graves". Hubo una demanda similar en Santa Fe.
En 2010 el mundo conoció la primera historia de criminalización a un paciente con HIV, a partir del caso de la artista alemana Nadia Benaissa, vocalista de "No Angels", quien fue condenada por contagiar a una sus últimas parejas, sabiendo que era portadora del virus. Tres años después, se produjo el primer fallo en el país, a partir de la sentencia de un juez de Rosario que dispuso tres años de prisión en suspenso al considerar que el acusado actuó con "dolo eventual" por no comunicarle a su mujer que era portador del virus, también conociendo su estado de salud.
Luis, el imputado del delito de lesiones graves dialogó con el sitio local y aseguró que espera que la sociedad se replantee hasta qué punto se puede "juzgar a un paciente, a un enfermo por un hecho del cual es incomprobable si fue el causante".
Las dos posturas han quedado explicitadas y dadas a conocer públicamente, ambas con apoyos de diversas entidades y con la atención de organismos internacionales por la posible "estigmatización" y futuros "rechazos a la hora de realizarse el diagnóstico" para evitar ser penalizado.
Ambos protagonistas del juicio mantuvieron una relación durante casi dos años y el acusado dijo que "no era estable". La mujer afectada afirma que el hombre la manipulaba para evitar usar protección durante el acto sexual y el artista sostiene que no tuvo intención de infectarla. "No me preocupaba lo que él hacía con su cuerpo, sino que decidió sobre el mío, siendo consciente de los daños que me estaba causando. Fui engañada, humillada, violada, traicionada, al darme cuenta de que todo el tiempo ejerció violencia con impunidad, logrando perjudicar mi integridad física", relató la mujer.
El acusado argumentó: "Estaba bloqueado. Cuando te dicen que estás enfermo hay algo que te nubla la mente, te cambia el pensamiento y te cuesta seguir. Todos tenemos que ser responsables de nuestros cuerpos. Nunca tuve la intención de infectarla, no fue a propósito. A todas las parejas con las que estuve les avisé".
Julia Morcos, de la agrupación feminista La Colectiva Mendoza, explicó que han dado su apoyo a la denunciante y solicitó que se realicen cambios a la legislación sobre el sida en la Argentina, porque "no se tienen en cuenta la desigualdad, discriminación y violencia que padecen las mujeres". Explicó que entre la ley nacional de violencia contra la mujer (26.485) y la ley argentina sobre sida (23.798 y decreto reglamentario N°1.244/91) existe un vacío importante sobre violencia de género y transmisión intencional.
Patricia Ibáñez, portadora del virus y referente en Mendoza de la Red Argentina de Personas con VIH (Redar), indicó que rechaza la "criminalización por VIH" y espera que el juicio no prospere. "La penalización por transmisión va a repercutir negativamente en la sociedad, generando estigmatización y discriminación, haciendo más vulnerables a las mujeres, que generalmente somos las primeras que nos enteramos del diagnóstico. Si condenan a este hombre todas las personas con VIH corremos el riesgo de ser enjuiciadas", señaló Ibáñez.
"Cuando uno presta consentimiento para tener una relación sexual sin preservativo debe hacerse cargo de las consecuencias que puede traer tal acto, desde un embarazo no deseado o de la transmisión de cualquier ITS. Si bien es un tema muy delicado, creo que es un capítulo aparte el tipo de relación y confianza que uno construye con su pareja. Cada quien es responsable de cuidar su cuerpo", agregó metiendo leña al fuego y siguiendo con la polémica.
Luego de varias postergaciones por contratiempos en los tribunales y demoras del acusado en presentarse en el arranque del debate, la Primera Cámara del Crimen inició el proceso al hombre oriundo del departamento mendocino de Las Heras, padre de seis hijos, artista plástico y con antecedentes penales menores por robos. La enfermedad la contrajo en 2010 y tenía una pareja estable a la que sí le comunicó su afección, pero con el paso del tiempo sostiene que todo su entorno social "se borró" y que entró en depresión.
La mujer afectada decidió dar por terminado el vínculo, lo que le valió, según cuenta, un hostigamiento constante, por lo que solicitó una prohibición de acercamiento. Luego decidió llevar el caso a los tribunales, donde el debate se realizará a puertas cerradas.
El primer juicio del país de estas características se realizó en Rosario, Santa Fe, en mayo de 2003. Terminó con una condena de tres años de cárcel en suspenso para el sentenciado por "lesiones gravísimas".
El Programa de las Naciones Unidas para el Sida en América Latina (Onusida) instó "a los gobiernos a eliminar la penalización de la transmisión y exposición al VIH. La penalización sólo se justifica cuando una persona deliberadamente o maliciosamente transmite el VIH a otra persona con la intención de perjudicarla".
"En esos limitados casos, las leyes penales pueden y deben ser usadas, en vez de aprobarse leyes específicas de VIH. La mayoría de las personas que transmiten el VIH lo hacen ya sea sin saber que están infectadas o que están transmitiéndolo, o porque tienen miedo a que revelar su estatus con respecto al VIH genere discriminación, rechazo o violencia", agregó el comunicado de la entidad.
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