Los números exactos de los migrantes senegaleses que venden en general anteojos o bijouterie en las calles porteñas se estima entre 4 y 5 mil personas. Un informe de la Defensoría general denominado “Relevamiento de trabajadores de la Economía Popular que se realizó en el 2019”, constató la existencia de 470 trabajadores con documentación extranjera, y unos 3630 trabajadores extranjeros con documento argentino, que desarrollan diversas actividades de trabajo informal en situación de precariedad económica y social.

En este sentido, en el fuero Contencioso y Administrativo de la C.A.B.A. se presentó una demanda para que el Gobierno de la Ciudad establezca un sistema de protección integral para el colectivo de trabajadores migrantes, que tenga en consideración sus particularidades, y que establezca un marco para preservar derechos básicos como la vivienda, la alimentación así como el acceso a la educación y la salud.

En lo inmediato y de manera urgente, la defensoría general porteña solicitó al gobierno de Larreta “un subsidio o ingreso de emergencia para el sector, teniendo en cuenta que hace unos 3 meses que no pueden desarrollar tareas laborales, y al mismo tiempo no tienen acceso al IFE ni a ayudas del Gobierno de la Ciudad”.

En el Fuero CayT de la Ciudad actualmente se tramitan algunos amparos colectivos que pueden tener algunas similitudes con este presentado por el área de Economía Popular del Ministerio Público de la Defensa, que viene “asesorando y acompañando a trabajadores migrantes”.

Ramiro Dos Santos Freire, defensor oficial de Primera Instancia en el Fuero Contencioso Administrativo de la C.A.B.A., explicó a este medio que con la demanda se “plantea la necesidad de reconocer una problemática específica de los trabajadores migrantes, vinculada a las dificultades y trabas para la regularización migratoria, lo que repercute en una situación de mayor precariedad”. “También, en algunos casos se suma el problema de la barrera lingüística, lo que profundiza la discriminación estructural que padecen”, agregó el funcionario judicial.

En tanto, al mismo tiempo que avanza el proceso judicial, desde el organismo plantearon la necesidad de “una mesa de trabajo institucional” con la representación de las diversas organizaciones y las diferentes áreas del Estado porteño para “diseñar políticas públicas y respuestas adecuadas y eficaces”.

Ya se tramitaron amparos colectivos similares como por ejemplo, un amparo para garantizar el derecho al trabajo del colectivo de los trabajadores feriantes de la calle Perú que en general son artesanos y manualistas. O también un caso referido al derecho a la vivienda digna del colectivo trans.