Las decisiones que tomaron al principio de la pandemia mundial en el exSanatorio San Carlos de Escobar serán investigadas en el marco de una causa que acusa al presidente de Salutis S.A., Juan Carlos Linares, y a Alberto Pablo Lauría, el subdirector médico, por haberse desentendido con las medidas sanitarias, hecho que produjo la muerte de al menos 23 personas y más de medio centenar de contagios en plena auge de Covid-19 en la clínica de Escobar.
En tanto, el quien dirige la Fiscalía Federal de Campana, Sebastián Bringas, pidió esta semana que la causa sea elevada a juicio oral y señaló que los acusados "propagaron a sabiendas una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, como lo es el virus SARS-CoV 2 (COVID-19), con riesgo para la salud de las personas”. Serían al menos 54 personas las personas afectadas que van desde pacientes hasta personal del Sanatorio. El dato lamentable, es que 23 murieron entre abril y mayo del 2020.
El caso
El presidente y máximo responsable de las decisiones y el subdirector médico fueron procesados por el juez federal Adrián González Charvay, acusados de propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas; violación de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por sus profesiones-; homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales, los cuales concurren en forma ideal y que, a su vez, concurren en forma real con el delito de abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y abandono de persona con resultado de muerte.
“La responsabilidad que se le atribuye a Alberto Pablo Lauría está vinculada con el rol de profesional de la salud que tenía asignada como subdirector médico del ex Sanatorio San Carlos, y como uno de los principales responsables de tomar las decisiones relativas al funcionamiento del establecimiento médico”, aclaró el fiscal Bringas en el requerimiento de elevación a juicio.
En términos puntuales, cuando se indagó en los testimonios de los trabajadores de la institución se pudo comprobar que las y los enfermeros no tuvieron las indicaciones y explicaciones necesarias para evitar la propagación del virus.
En esa línea, el fiscal aseguró que “mediante la inobservancia de las normas de cuidado que estaban vigentes al momento de los hechos (protocolos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires) y el incumplimiento de los deberes a su cargo, crearon un riesgo jurídicamente relevante, que no estaba cubierto por un riesgo permitido; provocando así la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, como lo es el virus SARS-CoV 2 (COVID-19)”.
Historia
Fue en mayo del 2020 cuando una mujer denunció hechos sospechosos. Los mismos, ocurrieron durante la internación de su madre y estaban vinculados a la negligencia que observó en las medidas sanitarias. La fiscalía investigó y comprobó que “violaron las medidas que fueron implementadas por las autoridades sanitarias de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para impedir la introducción y/o propagación del virus SARS-CoV 2 (COVID-19), mediante el incumplimiento de la ejecución de los protocolos que la autoridad provincial publicaba periódicamente en función de la pandemia de coronavirus”.
En esa línea, destacaron que “el personal no recibió procesos de capacitación adecuados para prevenir el contagio y/o la propagación del COVID-19, ni tampoco fue informado sobre la actualización de los síntomas ni de los protocolos”, y agregaron que “el ex Sanatorio tampoco contaba con personal de salud entrenado para el traslado de pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave (IRAG)”.
Además, se sumó, según los fiscales, que no había “personal informado en el manejo clínico de los casos de acuerdo con la evidencia disponible, en el uso correcto de elementos de protección personal (parcialmente) y en vigilancia y notificación de casos a través del ‘Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS2.0’”.
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