Varios especialistas en derecho constitucional expusieron hoy vía Zoom en medio de críticas a uno de los proyectos de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Defensa, el del senador Alberto Weretilnek quien defendió su proyecto, y en medio del apuro de Juntos por el Cambio por iniciar el trámite de designación del futuro Procurador General.
Nicolás Becerra, ex procurador general y doctor en Derecho Penal, ratificó que el “Procurador General debe ser designado con el acuerdo de las 2/3 del Senado y citó su designación realizada por el ex presidente Carlos Menem: “Cuando fui designado por decreto del PEN mi pliego fue ratificado por el Senado. Un procurador debe el tener respaldo político suficiente para ejercer sus funciones porque emite dictámenes esenciales para las decisiones de la Corte Suprema”.
Y volvió a ponerse de ejemplo: “Sino hubiera sido así no hubiera podido dictar el dictamen a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final por ejemplo”, sentenció Becerra y agregó que tampoco hubiera “rechazado el pedido de re reelección del presidente Menem que fue quien me había propuesto como procurador general”.
Otro especialista como Roberto Gargarella: abogado y licenciado en sociología Doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires, criticó los proyectos en danza de los senadores nacionales Wereltilnek, Lousteau y Crexell. “La Constitución Nacional es nuestro punto de partida para honrar los principios jurídicos del articulo 120 garantizando la independencia política la autonomía funcional y la autarquía financiera citando a Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema”, aseveró para agregar que todos los proyectos “están en tensión con la CN porque innovan en el constitucionalismo comparado porque controlarían la procurador general por parte del PEN. Ahorren la angustia de librar otra batalla constitucional que luego pierden”.
En otra línea, Gargarella dijo que lo “importante es como se ejerce la función del procurador sino la designación y la remoción. Lo que más nos debe interesar es la forma en la cual la ciudadanía va a controlar al procurador y como se definirán criterios generales de la función que deben ser la independencia política, autarquía financiera así como que es inconstitucional la dependencia política de la procuración del gobierno de turno”, finalizó.
La actual integrante del MPF en Comodoro Py, Mónica Cuñarro es fiscala federal especialista en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires y en temas de género fue muy dura con la corporación judicial de Comodoro Py que hace años no quiere aplicar el nuevo Código Procesal Federal Penal y “pidió que en CABA, en Comodoro Py donde estoy yo, se ponga en vigencia el CP ya que tiene todo para funcionar presupuesto, juzgados y personal”.
En tanto, Cuñarro explicó que los “controles al procurador son importantes pero no un cogobierno que no esté en manos ni del Ejecutivo ni del Poder Legislativo porque pueden ser imputados o pueden desestimar alguna causa que les concierne”.
En tanto, Horacio Erbes, asesor legislativo del CPACF, explicó que “el procurador y la defensora son los órganos vitalicios y modificarlo debe ser con el mayor consenso político” y que "
También expusieron hoy Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. Director del departamento de derecho penal de la Facultad de Derecho de la UBA; Guido Risso: doctor en ciencias jurídicas y especialista en constitucionalismo. Profesor de derecho constitucional y derecho político; y Fernando Díaz Cantón: presidente de la junta directiva del Instituto de Estudios Legislativos (Idel) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca). Profesor de derecho penal y criminología.
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