Las amenazas informáticas son uno de los peligros más urgentes para la seguridad económica y nacional de los países. Para lograr hacerles frente, los gobiernos deben diseñar políticas que impliquen incentivos y exenciones fiscales para alentar la participación del sector privado en la contención de estos peligros.Resulta fundamental el desarrollo de políticas y marcos de ciberseguridad que brinden incentivos, que impliquen la baja de impuestos y fomenten el desarrollo tecnológico.
Para ello resulta primordial la asignación por parte de los estados de presupuestos adecuados que les permitan llevar a cabo distintas iniciativas relacionadas con la ciberseguridad, como la creación de capacidades, la capacitación de los recursos humanos, la implementación de programas de concientización, la promoción de la investigación y el desarrollo.
Actualmente el conocimiento en el área de ciberseguridad se encuentra reservado a ámbitos muy específicos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han logrado distintos espacios que han permitido desarrollar herramientas eficaces para la investigación del cibercrimen. Estos resultados son la consecuencia de dotar a estos cuerpos de recursos humanos idóneos, poniendo al frente a especialistas referentes en el tema y brindándoles los apoyos necesarios para que obtengan una formación continua.
Esta situación acrecienta las diferencias con las distintas provincias, ya que este esquema exitoso no se reproduce de igual manera en todo el país. Por otro lado, el cibercrimen es una amenaza que atraviesa indiscriminadamente todos los ámbitos. Por ello, para solucionar todos los aspectos problemáticos que trae aparejados no es suficiente desarrollar espacios idóneos específicos.
Un ejemplo ilustrativo es el ámbito de la Justicia, donde cada vez resulta más primordial que el personal de este organismo se encuentre capacitado en las habilidades específicas. Esta necesidad se plasma con claridad ante nuevos fenómenos como la evidencia digital. En la actualidad, este tipo de evidencia constituye un elemento y un medio presente a la hora de probar casi cualquier hecho objeto de una investigación. Impera en este sentido que los operadores de justicia posean los conocimientos suficientes para asegurar esta evidencia de manera eficiente y apropiada en los litigios y distintos procesos penales.
Resulta fundamental que se desarrollen políticas y marcos sectoriales específicos adaptados a los requisitos de cada industria en particular para fortalecer la ciberseguridad en los distintos ámbitos y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.
El gobierno, la industria y las empresas de seguridad deben desarrollar una plataforma común para formular y aplicar políticas y procedimientos en pos de la ciberseguridad, estableciéndose un marco para frenar efectivamente los incidentes y reducir el tiempo de respuesta. La promoción del intercambio transparente de información entre todas las partes involucradas resulta clave para lograr estos objetivos.
Por otro lado, los gobiernos deben estudiar y hacer un seguimiento del desarrollo de las políticas de seguridad para asegurar que las tecnologías -como por ejemplo la nube – estén protegidas contra las amenazas y los riesgos informáticos.
Argentina debe extender y profundizar las medidas que lleva a cabo en su lucha – o mejor dicho “defensa” – contra el cibercrimen. Estas medidas deben ser planificadas de forma consecuente con las características particulares de esta problemática tan distinta a las convencionales.
Deben abordarse cada una de las aristas que la ciberseguridad plantea, dimensionándose la complejidad y los alcances del cibercrimen y de todas las demás incidencias que acarrea esta nueva era tecnológica. Aún no contamos con una estrategia nacional de ciberseguridad. Este hecho tan alarmante como descriptivo sería un buen punto de partida.
Estos esfuerzos no deben limitarse al ámbito interno. La comunidad internacional debe promover la cooperación global en materia de ciberseguridad. Los países deberán llevar a cabo una colaboración activa con otros estados y agencias mundiales por medio de tratados internacionales, acuerdos bilaterales y memorandum de entendimientos para comprender las últimas amenazas y adoptar medidas que puedan verdaderamente prevenir e inocuizar estos enormes daños y riesgos para las economías y la seguridad colectiva.
Daniel Monastersky - Abogado especializado en Delitos Informáticos y Protección de Datos. Socio de MONASTERSKY | ABOGADOS. Actualmente es Miembro del Consejo Asesor del Foro Mundial de Ciberseguridad.
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