A 30 años del fallo de la Corte Suprema conocido como Bazterrica que defendía el ámbito de la libertad personal y reivindicaba la inconstitucionalidad de la persecución de tenencia de droga para consumo personal, en Santa Rosa, La Pampa, a Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal lo sobreseyó a un estudiante de 19 años que había sido detenido y procesado penalmente por tenencia de estupefacientes.
El pasado 21 de septiembre, día de la primavera y del estudiante, Rodrigo A. y Ezequiel M.C. festejaban su día en el parque recreativo Don Tomás, en Santa Rosa. Ambos decidieron apartarse y encender un cigarrillo de marihuana. La policía, que merodeaba, se les acercó al percibir el aroma; les pidió que mostraran qué tenían, los tuvieron demorados, y después de cinco días de investigar “el origen de la sustancia secuestrada” les abrieron una causa penal por tenencia de estupefacientes.
El fallo Bazterrica surgió a partir del allanamiento a la casa del guitarrista Gustavo Bazterrica, integrante de los Abuelos de la Nada, quien había sido condenado a una pena de prisión y multa a raíz de que la policía le incautó unos pocos gramos de droga. La decisión de ese alto tribunal hizo historia: consideró que perseguir la tenencia de droga para consumo personal violaba el artículo 19 de la Constitución, al invadir el ámbito de la libertad personal, la autonomía individual, la privacidad y la autodeterminación de las personas que quieran consumir sustancias prohibidas sin afectar a otros.
Sin embargo, la reforma legislativa, después de más de 30 años de aquel fallo histórico, nunca llegó. Por eso la Asociación Pensamiento Penal lanzó una campaña para reclamar una reforma legislativa que, en lugar de poner el foco en quienes consumen drogas, se centre en políticas para asegurar el derecho a la salud y la persecución del narcotráfico. Se trata de un documento firmado por más de 200 jueces, fiscales y defensores que consideran dicha reforma "una deuda de la democracia".
"Las principales víctimas de las políticas represivas han sido las personas que usan drogas prohibidas, al ser constantemente perseguidas y criminalizadas por la tipificación de delitos relacionados con el consumo, como ser la tenencia, el cultivo para consumo personal y el consumo con trascendencia pública", puntualiza la declaración de la APP. Y continúa: "Los Estados dilapidan enormes cantidades de recursos técnicos y económicos en la persecución de meros consumidores, malgastando los recursos que debiera destinar a la prevención y atención de consumos problemáticos, y a perseguir delitos de efectiva entidad y daño social".
La APP se basa en numerosos informes que arrojan que el 70% de las causas que tramitan ante el fuero Federal son producto de la actividad de las fuerzas de seguridad referidas a delitos de consumo y sólo un 3% se relacionan con delitos de tráfico.
Además de reivindicar el fallo Bazterrica, la declaración hace hincapié en el fallo Arriola de 2009 y cita a la Corte Suprema: no puede pensarse que el mismo legislador que propugna la obligatoriedad de un enfoque positivo de la problemática, pueda coexistir con otro que criminalizando genere efectos hasta deteriorantes de la salud. (…) De manera que no puede sino interpretarse a la criminalización como un modo inadecuado —cuando no incoherente y contradictorio— de abordar la problemática de aquéllos a quienes los afecta. (...) Ello, por cuanto quien es señalado como "delincuente" —e ignorado en su problemática— no acude al sistema de salud o bien tienden a dilatarse en grado extremo los tiempos de latencia entre el inicio del consumo y la solicitud de atención”.
Por estos motivos, reclaman el "debate legislativo y aprobación de una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales que directa o indirectamente sancionen conductas relacionadas al consumo personal de estupefacientes (Ley 23.737)".
También piden "balancear el presupuesto asignado a las medidas orientadas a disminuir la demanda en el consumo de sustancias, en razón de las asignaciones otorgadas a las destinadas a contrarrestar la oferta".
Además, solicitan que se desarrollen políticas de reducción de daños. En tanto, piden "contemplar la posibilidad de aplicar a las llamadas "mulas" la ley de trata de personas en su condición de posibles víctimas, a fin de colocarlas bajo la protección de la ley, la baja de penas, alternativas al encarcelamiento y políticas de amnistía e indulto".
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