Informe realizado por Cristian Pérez y Ricardo Heurtley para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), como parte del proyecto La Otra Trama.
Históricamente, el sector del juego en la Argentina estuvo vinculado al turismo. Ejemplos de ese modelo son los casinos de Mar del Plata, Tigre y Alta Gracia. Y era el Estado nacional el único recaudador. En los ‘90, durante el gobierno de Carlos Menem, el juego se privatizó y se multiplicó el número de licencias.
A partir de allí, el modelo cambió definitivamente: el Estado nacional perdió participación, llegaron las máquinas tragamonedas, las salas de juego se expandieron por las ciudades y cada provincia estableció la legislación que regula el sector en su territorio. El negocio del juego creció tanto en la Argentina que es, según el Directorio Mundial de Casinos, el país con más salas de América del Sur. La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) registra 406 salas de juego y 80.928 máquinas tragamonedas en total.
Esta expansión del juego a manos de privados y controlado por cada jurisdicción ha sido señalada por organismos internacionales y actores nacionales a raíz de los riesgos que representa. En principio, es una de las actividades propicias para el lavado de activos. Por otro lado, el vínculo directo entre las provincias que establecen la legislación del sector y los empresarios de juego que operan en sus territorios ha levantado más de una sospecha sobre la transparencia en el otorgamiento de licencias y los beneficios a los operadores privados.
Por último, el dinero que recaudan por esta actividad los Estados provinciales tiene un circuito que debe ser controlado de principio a fin, atendiendo a cuál es el sistema recaudatorio (algunas provincias establecen un canon fijo, otras un porcentaje de lo recaudado), cómo se controla que efectivamente las salas de juego hayan recaudado lo que declaran y cómo se gestionan los fondos provenientes del juego.
El negocio de los juegos de azar en la Argentina genera casi 95.000 millones de pesos anuales de facturación, entre agencias de lotería, casinos, máquinas tragamonedas, hipódromos y bingos. Esto equivale a dos veces el presupuesto de salud nacional para el 2017, o al presupuesto de casi todo el Ministerio de Desarrollo Social. Por fuera del circuito legal, sigue operando el juego clandestino, en el que un solo “levantador” de apuestas puede recaudar hasta 2 millones de pesos en una mañana, dinero que queda totalmente fuera del alcance del Estado.
Las loterías (Nacional y provinciales) manejan una caja de 23.400 millones de pesos anuales. Esto equivale a casi dos presupuestos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para todo el ejercicio 2017.
La explotación de los juegos de azar, fundamentalmente a través de casinos, es señalada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como una actividad vulnerable al lavado de activos, debido a la gran circulación de dinero en efectivo, a través de operaciones diarias cuyos montos en general no son muy elevados o demasiado significativos. Cabe señalar que la Argentina forma parte de este organismo intergubernamental que promueve políticas, a nivel nacional e internacional, para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Para lavar dinero, dice Enrique Del Carril, Director en Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las organizaciones buscan actividades lícitas que tengan mucho flujo de dinero, en cantidades pequeñas, y que sean muy difíciles de controlar por el Estado. Los casinos reúnen todos los requisitos: ¿Cómo demostrar cuánta gente entró, salió, consumió en la barra, compró…? El bar, billetes de lotería, todo en pequeñas cantidades. Eso ayuda a hacer figurar como ingresado, dinero que proviene de actividades ilícitas”, sostiene Del Carril.
A menudo, los lavadores aplican distintos métodos para blanquear activos con fichas de casinos. Compran de manera anticipada, una gran cantidad de fichas con dinero en efectivo, o a través de una cuenta abierta en el casino, y jugar poco, para luego volver a cambiar las fichas por un cheque o pedir el depósito de su monto, en la misma cuenta o en otra. Con esta operatoria, el jugador sale con plata del casino (ya legal, puede decir que la ganó en apuestas) y nunca declaró el dinero con el que ingresó. Toman deuda para adquirir fichas: pagan la deuda con dinero en efectivo y luego cambian las fichas por un cheque. Operan en casinos con sedes en varios países: juegan en un lugar y piden que los montos acreditados estén disponibles en otra jurisdicción, para poder retirarlos mediante cheques o a través de transferencias bancarias.
A partir del 2010, con la sanción de la Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo, y sus posteriores reglamentaciones, las personas físicas o jurídicas que explotan juegos de azar están obligadas a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) toda operación sospechosa de lavado de dinero (igual que ocurre con los bancos, las casas de cambio, las compañías de seguros, las sociedades de bolsa).
"Los casinos deben informar a la UIF todos los datos de los apostadores que cobran más de 50 mil pesos en premios. Puede haber fallas humanas, pero los controles están”, afirma el contador Alfredo Mónaco, presidente de ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina), una entidad autárquica que nuclea a todas los organismos de control del juego en nuestro país.
En octubre del 2010, Argentina ingresó en la lista gris del GAFI por cumplir sólo 2 de los 49 puntos recomendados para evitar el lavado de activos. La UIF creó entonces las Direcciones de Inspecciones y Sumarios, con el fin de aumentar los controles e identificar a los sujetos obligados a declarar activos y ganancias. Hasta entonces, no había un sistema de multas y sanciones sobre los actores del juego: empresarios y directivos de casinos, salas, bingos y carreras hasta podían aportar en campañas políticas.
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