La Corte Suprema de la nación creó tres comisiones donde se debatirán y discutirán propuestas que busquen agilizar los procesos penales, teniendo en consideración las quejas vertidas desde el fuero. La iniciativa surgió a raíz de una acordada, donde los integrantes del Máximo Tribunal nacional se mostraron críticos de cara al funcionamiento logrado en la Justicia Penal, y advirtieron que la exigencia de celeridad en el tratamiento de expedientes no fue satisfecha.
Tiempo Judicial dialogó con los camaristas penales Edmundo Hendler y Gustavo Bruzzone para consultarles su opinión en relación a esta propuesta, y qué piensan sobre los alcances que puede llegar a tener esta medida dispuesta por la Corte.
“Es muy prematuro pensar que esto puede tener una incidencia en la celeridad de las causas penales. La iniciativa, por supuesto, la compartimos todos, porque por supuesto que hay muchos casos que requieren de una agilización, de una respuesta más pronta que la que se está brindado en la actualidad. En orden a estas cuestiones hay que evaluar qué medidas servirán para generar algún tipo de cambio”, aseguró el titular de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Edmundo Hendler.
Siguiendo este orden de ideas, el magistrado agregó que “no sabemos si con esto va a alcanzar, puede que sí y puede que no. Tal vez hay una serie de factores que estén incidiendo en estas demoras, pero la herramienta para solucionarlos puede ser otra. La iniciativa de la Corte implica crear comisiones, lo cual en sí mismo no representa una medida concreta para paliar las demoras”.
Por su parte, Gustavo Bruzzone, integrante de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, destacó que “no son la Corte y los jueces los que debemos llevar adelante las propuestas, sino que hay proyectos que tienen su debate en el ámbito legislativo y, específicamente, una propuesta de reforma del Código Procesal Penal que está estancado hace muchos años que podría brindar muchas soluciones en este sentido”.
En este mismo respecto, el camarista afirmó que “la medida solo alcanza al fuero Penal, pero no se me ocurre cuántos proyectos podemos proponer. Podemos, quizás, ser consultados luego de que se brinden algunas ideas”.
Pero lo cierto, enfatizó el juez, es que “había un consenso muy grande en torno al proyecto ‘Beraldi – Binder’, que venía del Ejecutivo y contaba con un aval importante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y me parece que avanzar sobre esa cuestión sería muy importante. De todas formas, hay muchas cuestiones que siguen estancadas, en el Ministerio de Justicia hay un proyecto relativo al Juicio por Jurados y no fue remitido para su tratamiento en el Congreso nacional”.
Bruzzone también destacó que, después de todo, hay una cuestión central en la reforma procesal: “Todas las matices políticas e ideológicas están de acuerdo con esta iniciativa, desde el Partido Obrero hasta el PRO. Debe hacerse un Código más acusatorio, para que los fiscales tengan mayor protagonismo, como sucede en varias provincias que ya pusieron en funcionamiento este sistema. Por qué razón no se avanza en este sentido, eso no lo sé”.
Finalmente, el camarista alegó que la propuesta de las comisiones “es una manifestación de voluntad de la Corte Suprema, me parece positiva, esperemos que todo esto incida en que los legisladores tomen cartas en el asunto”.
Por su parte, los integrantes del Máximo Tribunal nacional destacaron en los considerandos de su iniciativa que “es indispensable que el sistema se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable, sin perder de vista la fortaleza en las decisiones que se adopten en cada caso”. En estos términos, los jueces consideraron que la problemática de casos particulares más grave por las demoras recaía en el fuero Penal.
Los magistrados afirmaron que, “sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se pudieran haber hecho hasta el momento, no se ha logrado satisfacer la legítima demanda en la materia, por lo que corresponde que el Poder Judicial tome la iniciativa de preparar una base de trabajo y convocar los demás poderes del Estado para discutirla e implementarla”.
Las iniciativas de las comisiones deberán presentarse en un plazo de 90 días a los miembros de la Corte, y deberán contemplar “reformas internas en el Poder Judicial, referidas a los procesos penales; elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental; información al público, transparencia de los procesos, el rol de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales; reformas legislativas procesales; mejoras en el sistema de excarcelaciones y la situación de los detenidos”.
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