La funcionaria cuestionó enfoques previos en materia de política criminal, pidió actualizar el Código Penal y afirmó que el Gobierno trabaja en un plan nacional para reorganizar el sistema penitenciario.
El convenio incorpora delitos contra la integridad sexual, secuestros, amenazas y propiedad intelectual al ámbito judicial de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo causas vinculadas a menores. La medida aún debe ser aprobada por el Congreso y la Legislatura porteña para entrar en vigencia.
La organización cuestionó las declaraciones de la vicejefa de Gobierno porteño contra la Educación Sexual Integral y sostuvo que sus dichos vulneran derechos reconocidos por la legislación vigente y los tratados internacionales.
El juez federal Enrique Lavié Pico suspendió la conformación del órgano parlamentario que debía avanzar en la cobertura de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El fallo cuestiona el reparto de lugares entre bloques del Senado.
Gisela Kocsis, funcionaria de la Casa Rosada, declaró ante la Justicia federal que pagó compras personales del exvocero con su tarjeta y luego recibía el dinero en efectivo. Otros funcionarios también confirmaron el uso de sus tarjetas para gastos personales.
La cifra surge de un cálculo realizado por los investigadores mientras esperan un informe oficial. La causa por presunto enriquecimiento ilícito también analiza compras realizadas con tarjetas de colaboradores y pagos en efectivo.
El tribunal lo declaró inconstitucional por "exceso en las atribuciones", invadir materia electoral y otorgó la nacionalidad a un comerciante chino tras revertir un rechazo previo.
La Comisión de Acuerdos recibe a candidatos para cubrir vacantes en todo el país. Uno de los cargos en juego impacta en la causa Insaurralde-Cirio; se trata de Tomás Rodríguez Ponte, el exsecretario del juez Ariel Lijo nominado para el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.
La salida del exfuncionario se produjo en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y el análisis de sus declaraciones patrimoniales. El Gobierno busca despegar su continuidad de la investigación judicial en curso.
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