Se puso en marcha un esquema que integra a Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA en tareas junto a Migraciones, con foco en detectar irregularidades. La medida generó cuestionamientos por su impacto en derechos.
El jefe de la Fiscalía Federal dispuso nuevos oficios para reconstruir vínculos laborales, movimientos inmobiliarios y una compra por más de $8 millones. También pidió información a organismos públicos, empresas privadas y registros financieros en el marco de la causa por presunto crecimiento patrimonial injustificado.
Las entidades advirtieron que el nuevo esquema elimina instancias de participación ciudadana, reduce controles públicos sobre las candidaturas y debilita criterios de transparencia, igualdad de género y diversidad en la integración del máximo tribunal.
La solicitud fue presentada por el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, en el marco de una investigación que analiza transferencias desde el exterior, movimientos de efectivo y adquisiciones que no tendrían respaldo en los ingresos declarados.
Un decreto oficializado este martes modifica el sistema vigente desde 2003 y reduce controles en la designación del Procurador, el Defensor General y los ministros del máximo tribunal.
Asociaciones civiles, entidades profesionales y representantes del sector privado coincidieron en sus críticas al proyecto al advertir que su redacción podría poner bajo riesgo de sanción prácticas habituales de participación democrática.
Referentes de la UCR, el peronismo, la Coalición Cívica y el PRO cuestionaron las explicaciones del jefe de Gabinete. Patricia Bullrich y Victoria Villarruel también marcaron distancia y elevaron el costo político dentro del propio Gobierno.
La senadora de La Libertad Avanza volvió a tomar distancia del jefe de Gabinete y consideró insuficientes las aclaraciones sobre el crecimiento de sus bienes. Además, sostuvo que la Justicia deberá determinar si existieron irregularidades.
El requerimiento apunta a incorporar la documentación actualizada a la causa y contrastarla con el análisis de ingresos, gastos y deudas para verificar si el crecimiento patrimonial del funcionario es consistente.
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